Durante los foros recientes sobre la propuesta de reducir la jornada laboral en México, los representantes del sector empresarial manifestaron su escepticismo ante la viabilidad de adoptar una semana laboral de 40 horas (en lugar de 48). Argumentan que esta iniciativa resultaría inviable especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentan ya elevados costos operativos.
Según el presidente de Coparmex, en 2023 las empresas mexicanas soportaron tres impactos significativos en materia laboral: un alza del 20 % al salario mínimo, la duplicación de días de vacaciones (de 6 a 12) y un incremento progresivo en las aportaciones patronales al sistema de pensiones, equivalente al 8 % anual durante los próximos ocho años. Ante este panorama, se considera que aplicar una reducción adicional de horas de trabajo resultaría prematuro.
Desde la perspectiva patronal, una disminución obligatoria a cinco días laborales semanales y 40 horas generaría efectos negativos como incremento de la informalidad, menor recaudación fiscal, cargas en el IMSS y un incremento potencial del 35‑40 % en los costos de nómina. Además, proyectan que muchas empresas, en especial las pequeñas, tendrían que recurrir a contratar más personal o pagar horas extras dobles o triples para cubrir la misma operación.
Por otro lado, colectivos como “Frente Nacional por las 40 Horas” defienden que es un mito afirmar que las Mipymes no podrían adaptarse. Afirman que se podrían aplicar plazos flexibles para esos casos particulares, sin bloquear por completo la reducción general. Señalan que este discurso proviene mayormente de grandes corporaciones y promueven un enfoque equitativo y gradual.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha fijado el horizonte para alcanzar las 40 horas en 2030 (e incluso considera adelantarlo a 2029). La reforma incorpora foros con trabajadores, empresarios y especialistas, así como medidas complementarias como regulación del pago de horas extra y beneficios fiscales. El objetivo también abarca mejorar la salud mental y el bienestar, al tiempo que se busca mantener o elevar la productividad nacional.
Recientemente, Coparmex solicitó una pausa en el avance de la reforma, argumentando que una implementación apresurada sin condiciones económicas favorables podría afectar a más de 13 millones de personas que trabajan más de 40 horas, sobre todo aquellas afiliadas a micro y pequeñas empresas, impactando negativamente en el empleo formal y elevando la informalidad.
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