La Secretaría de Cultura del Gobierno de México manifestó su rechazo categórico a una subasta en línea organizada por Artemis Gallery (Colorado, EE.UU.). La titular, Claudia Curiel de Icaza, calificó el hecho como un atentado contra la memoria e identidad cultural del país.
El posicionamiento oficial precisa que especialistas del INAH identificaron 47 objetos de interés patrimonial entre los lotes anunciados por la casa de subastas. Con esa base, la dependencia inició procedimientos jurisdiccionales y acciones diplomáticas para detener la venta y solicitar la devolución de las piezas a México.
En paralelo, Cultura envió una carta de exhorto a la empresa estadounidense para suspender el remate “Pre-Columbian / Ancient / Ethnographic / Fine Art”, apelando a principios de ética, debida diligencia y respeto al patrimonio cultural de la nación. El llamado subraya que la comercialización de estos bienes incentiva el saqueo y desarraiga contextos arqueológicos.
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El pronunciamiento fue replicado en los canales oficiales del gobierno federal, donde se reitera la política de cero tolerancia al tráfico de bienes culturales y la disposición a coordinarse con fiscalías, consulados y autoridades locales en Estados Unidos para frenar operaciones similares.
Medios nacionales reportaron los detalles de la puja: fechas, plataforma digital y rangos de salida de las piezas, que iban de unos cientos a varios miles de dólares según su tipología. La difusión pública generó presión social y activó redes de académicos y comunidades que demandan repatriación.
De acuerdo con las autoridades, la identificación técnica previa del INAH es clave: permite argumentar origen y antigüedad ante tribunales y plataformas, y habilita rutas de cooperación con casas de subastas que aceptan retirar lotes cuando hay evidencia documentada de ilegalidad o expolio.
No es un caso aislado. En los últimos años, México ha bloqueado ventas y recuperado piezas en subastas de París, Nueva York o Roma, articulando diplomacia cultural y acciones legales con resultados tangibles, lo que envía el mensaje de que se vigilará cualquier intento de mercantilizar su patrimonio.
El gobierno sostiene que la venta de bienes arqueológicos contraviene el marco jurídico mexicano y vulnera derechos culturales de comunidades que reconocen en esos objetos parte de su memoria. En ese sentido, la política pública no solo protege “cosas”, sino relatos y saberes vinculados a ellas a lo largo de siglos.
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Objetos representativos
Entre los objetos que figuran en el catálogo se encuentra el cuauhxicalli en forma de águila para ofrendas de sacrificio (precolombino, México Central, alrededor del siglo XIV y principios del siglo XVI), “una poderosa reliquia de la práctica ritual azteca, vasija de calcita tallada (que) toma la forma de un águila orgullosa; su cuerpo ahuecado (sirve) como un cuauhxicalli o cuenco de calabaza de águila”. Estos recipientes en forma de altar desempeñaban un papel central en las ceremonias de sacrificio, pues se creía que contenían los corazones extraídos de las ofrendas hechas para nutrir a los dioses.
Además sobresale una cabeza de cerámica olmeca finamente esculpida de un bebé, un tipo de efigie que ha intrigado durante mucho tiempo a los estudiosos por sus asociaciones simbólicas y espirituales. En la descripción refiere que es precolombina, de México, de la cultura olmeca, alrededor de 1200 a 900 aC.
En lo inmediato, el objetivo es frenar la subasta, documentar cada pieza y, de ser posible, reintegrarlas a acervos públicos para su conservación, estudio y difusión. La digitalización y exhibiciones acompañadas de mediación comunitaria se plantean como vías para restituir sentido a los objetos recuperados.
El caso de Artemis Gallery reabre el debate sobre el mercado internacional de arte antiguo y la responsabilidad de intermediarios. Para México, el mensaje vuelve a ser inequívoco: protección del patrimonio por encima del lucro y coordinación con aliados para impedir que piezas descontextualizadas terminen en vitrinas privadas.
