El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas compuesta por sus 15 jueces, emitió una opinión consultiva firme: los países que no implementan medidas efectivas para frenar el cambio climático podrían estar infringiendo el derecho internacional.
Reconocimiento de una amenaza “urgente y existencial”
La CIJ calificó los daños climáticos como un problema existencial a escala planetaria, subrayando que si las naciones no reducen sus emisiones de dióxido de carbono, podrían estar incurriendo en un “acto ilícito internacional”. Este lenguaje, empleado por el presidente del Tribunal, Yuji Iwasawa, resalta la gravedad del cambio climático para la vida y la salud del planeta.
Obligación de cooperación internacional
La Corte afirma que los tratados globales —como el Acuerdo de París, la UNFCCC y el Protocolo de Kioto—, junto con el derecho internacional consuetudinario, imponen deberes vinculantes que los Estados no pueden ignorar. Esto incluye lo que se denomina responsabilidad erga omnes, que obliga a todos los países a cooperar para evitar un daño ambiental sistémico.
La noción de “medio ambiente como derecho humano”
La CIJ reconoció explícitamente que un entorno limpio, saludable y sostenible constituye un derecho humano fundamental. Este concepto crea un puente claro entre la protección ambiental y los derechos humanos, lo que podría inspirar demandas por violaciones de este derecho.
Responsabilidad por emisiones y subsidios
El Tribunal deja claro que la responsabilidad estatal también incluye las emisiones indirectas, como la concesión de licencias para exploración de combustibles fósiles o subvenciones a industrias contaminantes. Este tipo de actos pueden considerarse constitutivos de un “acto internacionalmente ilícito”.
Repercusiones legales: reparación del daño
Aunque la opinión no es vinculante, sienta bases jurídicas para exigir:
- Cese inmediato de acciones nocivas y garantías de no repetición.
- Obligación de reparación, ya sea mediante restitución, compensación o reconocimiento público del daño causado, siempre que exista un vínculo causal claro entre la acción o inacción del Estado y el perjuicio climático.
Origen y respaldo de la petición
La iniciativa surgió en 2019 en Vanuatu, cuando estudiantes de Derecho propusieron pedir una opinión consultiva a la ONU. En marzo de 2023, la Asamblea General respaldó la propuesta por una amplia mayoría, con la adhesión de más de 130 Estados
Expectativas frente a litigios futuros
Aunque la resolución no obliga legalmente, diversos analistas coinciden en que esta opinión podría ser el catalizador principal que impulse una nueva oleada de demandas legales climáticas, tanto contra gobiernos como contra empresas consideradas responsables.
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