Este 1 de julio, la Cámara de Diputados aprobó una reforma significativa a la Ley General de Población, impulsada por la Presidencia. El objetivo es transformar la CURP en el único documento oficial de identificación, tanto en formatos digitales como físicos, con plena validez a nivel nacional.
Elementos incluidos en la nueva CURP
La versión renovada incorporará varios datos personales y biométricos:
- Nombre(s) y apellidos.
- Fecha y lugar de nacimiento; además del género o sexo.
- Nacionalidad.
- Una fotografía actualizada.
- Huellas dactilares, escaneo de iris y firma digital.
Estos elementos serán capturados y almacenados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dentro de una Plataforma Única de Identidad, que vinculará información proveniente de diversas dependencias públicas y privadas, en tiempo real.
¿Para qué servirá este nuevo documento?
Los propósitos principales son:
- Validar la identidad de manera más segura y confiable.
- Evitar fraudes, suplantaciones y duplicados.
- Facilitar trámites digitales, atención médica, servicios migratorios, educativos, laborales y legales.
- Robustecer los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas, gracias al enlace con sistemas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
Implementación gradual: Primer piloto en Veracruz
La aplicación comenzará con un programa piloto en Veracruz, con módulos en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima. Desde julio de 2025, las oficinas del Registro Civil ofrecen la captura de datos biométricos (foto, huellas, iris) gratuitamente y con atención mediante 70–80 turnos diarios.
Obligatorio tras su publicación en el DOF
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces, se otorgarán alrededor de 90 días de transición, estimando su implementación general a partir del segundo semestre de 2025.
Posibles sanciones por incumplimiento
Tanto personas como autoridades y organismos privados que no adopten la nueva CURP biométrica podrían recibir multas que van de 10,000 a 20,000 veces la UMA, además de apercibimientos previos.
Debate y riesgos en el entorno
Este giro ha encendido alertas sobre múltiples riesgos relacionados con privacidad, control estatal y discriminación:
- Concentración del poder en SEGOB y nuevas plataformas.
- Pérdida de controles como el INE y el INAI, debilitando garantías ciudadanas.
- Exclusión potencial de grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans), quienes podrían tener problemas para proporcionar datos biométricos.
- La Plataforma Única facilitaría el acceso en tiempo real de autoridades y entidades privadas a información personal sin regulaciones claras.
El analista Jorge Alcocer ha mencionado que, aunque la intención es identificar personas desaparecidas, la infraestructura creada no se dirige específicamente a esa problemática y en su opinión no resulta la herramienta adecuada para dicho fin.
