La comunidad wixárika ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la urgente necesidad de que el Estado garantice condiciones dignas para sus habitantes. Con una historia marcada por la resistencia cultural y la defensa de su territorio, sus líderes y representantes han reiterado que ya no basta con discursos: se requieren acciones concretas que respeten y protejan su dignidad.
En días recientes, diversas autoridades tradicionales y voceros comunitarios expresaron que la falta de servicios básicos, como educación de calidad, atención médica accesible e infraestructura adecuada, continúa afectando gravemente la vida cotidiana de las familias wixaritari. Señalan que, pese a las promesas oficiales, muchos de estos apoyos nunca llegan o resultan insuficientes.
El acceso limitado a carreteras, transporte y recursos para el desarrollo ha provocado que comunidades enteras permanezcan aisladas, lo que dificulta no solo su crecimiento económico, sino también el ejercicio pleno de sus derechos. Esta situación, advierten, perpetúa un círculo de marginación que vulnera especialmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes.
Los representantes wixárikas también destacaron la importancia de preservar sus prácticas culturales, espirituales y artísticas, las cuales consideran parte esencial de su identidad. Sin embargo, denuncian que proyectos extractivos, invasiones de tierras y omisiones gubernamentales ponen en riesgo su territorio sagrado y su forma de vida ancestral.
Asimismo, la comunidad exige que se fortalezca la protección jurídica de sus tierras, ya que los conflictos agrarios continúan generando tensión y violencia. Según sus voceros, la falta de intervención eficaz por parte del Estado ha permitido que se incrementen los intentos de despojo y la presencia de intereses externos que buscan explotar sus recursos.
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Otro punto clave de su demanda es la necesidad de oportunidades laborales dignas para los jóvenes wixaritari, quienes a menudo se ven obligados a migrar a otras ciudades por falta de alternativas en sus regiones. Esta migración, advierten, fragmenta sus familias y debilita la transmisión de tradiciones comunitarias.
En materia de salud, los líderes comunitarios denunciaron que muchas de sus localidades carecen de centros médicos equipados o de personal capacitado que pueda atender emergencias. La distancia entre las comunidades y las ciudades más cercanas convierte cualquier enfermedad o accidente en un riesgo mayor.
La demanda wixárika también incluye el reconocimiento pleno de sus sistemas normativos y formas de organización, los cuales consideran indispensables para mantener el equilibrio social y espiritual dentro de sus territorios. Piden que las instituciones gubernamentales respeten estos procesos y colaboren sin imponer estructuras ajenas a su cosmovisión.
Mientras tanto, diversas organizaciones de derechos humanos han respaldado el llamado de la comunidad, subrayando que las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad legal y moral de atender sus exigencias. Señalan que garantizar condiciones dignas no es un favor, sino un derecho fundamental establecido en la ley.
Con este pronunciamiento, la comunidad wixárika reafirma su identidad, su fuerza colectiva y su determinación de no quedarse en silencio. Su mensaje es claro: es momento de que el Estado actúe con responsabilidad, respeto y compromiso real para asegurar que cada uno de sus habitantes tenga acceso a una vida digna, justa y en armonía con su herencia ancestral.
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