¡Otra contra migrantes! La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes a favor de la administración del presidente Donald Trump al permitir la aplicación parcial de su polémica orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por nacimiento.
Con una votación de seis a tres, el máximo tribunal limitó la capacidad de los jueces federales para bloquear decisiones del Ejecutivo, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.
Nueva orden estadounidense que afecta a migrantes
“El poder judicial no ejerce una supervisión general sobre el poder ejecutivo, su tarea es resolver casos y controversias bajo la autoridad otorgada por el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen, subrayando que el fallo es técnico y no un aval definitivo al decreto firmado por Trump.
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La orden presidencial, emitida el 20 de enero durante su investidura, busca negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal, como solicitantes de asilo o personas con visas limitadas. Esta medida representa un reto directo a la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde hace más de 150 años, la cual garantiza que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país.
Impacto inmediato y reacciones
El fallo se produce en un contexto tenso por las recientes redadas migratorias, especialmente en Los Ángeles, que han generado manifestaciones multitudinarias.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 252 personas mexicanas han sido deportadas en las últimas semanas como resultado de estas acciones.
“No tenemos información puntual sobre cada caso, pero sabemos que las personas al ingresar a México son registradas por el Instituto Nacional de Migración”, señaló.
¿A quiénes afectará esta decisión?
La implementación de la orden ejecutiva será en un plazo de 30 días y aplicará únicamente a nacimientos posteriores a esa fecha. Es decir, no retirará la ciudadanía a personas ya nacidas en Estados Unidos, sino que impactará a nuevos nacimientos en 29 estados, los cuales son los siguientes:
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- New Hampshire
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Pennsylvania
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Virginia Occidental
- Wyoming
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que esta decisión podría tener consecuencias jurídicas profundas y aumentar la vulnerabilidad de comunidades migrantes, mientras continúa el debate legal sobre la constitucionalidad del decreto.
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