El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien está apartado del cargo, salió de prisión el sábado, un día después de que un tribunal de Seúl canceló su arresto para permitirle enfrentar su juicio por rebelión en libertad.
Después de salir caminando de un centro de detención cercano a Seúl, Yoon saludó, cerró los puños e hizo una profunda reverencia ante sus seguidores, que coreaban su nombre y ondeaban las banderas surcoreana y estadunidense. Yoon subió a una camioneta negra que lo llevaría a su residencia presidencial en la capital.
En un comunicado distribuido por sus abogados, Yoon dijo que “agradece la valentía y la decisión tomada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl para corregir una ilegalidad”, en una aparente referencia a las disputas jurídicas en torno a su detención. También agradeció a sus simpatizantes y pidió a aquellos que se encuentran en una huelga de hambre contra su juicio político que le pongan fin.
Yoon fue arrestado y acusado por la fiscalía en enero por un decreto promulgado el 3 de diciembre para imponer la ley marcial, que sumió al país en una gran crisis política. La Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, votó a favor de abrir un juicio político en su contra, lo que hizo que fuese suspendido del cargo.
El Tribunal Constitucional delibera si lo destituye formalmente o lo reinstaura en el cargo. Si confirma su cese, habrá unas elecciones generales para nombrar a un sucesor en un plazo de dos meses.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo el viernes que aceptó la solicitud de Yoon para su liberación, citando la necesidad de abordar las dudas sobre la legalidad de las investigaciones en su contra. Los abogados del mandatario han acusado a la agencia investigadora que lo detuvo antes de su arresto formal de carecer de autoridad legal para investigar los cargos de rebelión.
El tribunal de Seúl también dijo que el período legal de su arresto formal expiró antes de que fuese acusado.
La liberación de Yoon se produjo luego de que los fiscales decidieron no apelar la decisión emitida por el tribunal de Seúl. La ley surcoreana permite que los fiscales sigan manteniendo bajo custodia a un sospechoso mientras están en el proceso de una apelación, incluso después de que su arresto sea cancelado por una corte.
El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, que encabezó los esfuerzos para destituir a Yoon el 14 de diciembre, arremetió contra la decisión de los fiscales y afirmó que eran los “secuaces” de Yoon, un antiguo fiscal general. El portavoz del partido, Cho Seung-rae pidió al Tribunal Constitucional que destituya a Yoon lo más pronto posible para evitar más malestar y ansiedad del público.
En el centro de las críticas públicas a Yoon por su decreto de ley marcial estuvo el envío de cientos de soldados y policías a la Asamblea Nacional tras poner al país bajo gobierno militar. Algunos altos mandos militares y policiales enviados a la asamblea han declarado que Yoon les ordenó retirar a los legisladores para frustrar una votación parlamentaria sobre el decreto. Yoon ha dicho que su objetivo era mantener el orden.
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Finalmente, un número suficiente de legisladores consiguió entrar en la sala de la asamblea y votó unánimemente a favor de anular el decreto de Yoon.
Los investigadores han alegado que el decreto de ley marcial de Yoon equivalía a rebelión. Si es declarado culpable de ese delito, se enfrentaría a la pena de muerte o a cadena perpetua. Yoon goza de inmunidad presidencial en la mayoría de los procesos penales, pero eso no cubre cargos graves como rebelión y traición.
Yoon ha dicho que no tenía intención de mantener la ley marcial durante mucho tiempo, ya que sólo pretendía informar al público del peligro del Partido Demócrata, que obstruyó su agenda y destituyó a muchos funcionarios de alto rango y fiscales. En su anuncio de ley marcial, Yoon llamó a la asamblea “guarida de criminales” y “fuerzas antiestatales”.
La división entre conservadores y liberales en Corea del Sur es grave, y las concentraciones a favor o en contra de la destitución de Yoon han dividido las calles de Seúl. Según los expertos, sea cual sea la decisión del Tribunal Constitucional, es seguro que la división se agravará.
