Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una legislación que regula la eutanasia. Este jueves 16 de octubre, tras un intenso debate de 10 horas, el Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna, que permite a los ciudadanos solicitar asistencia médica para morir de manera digna y controlada. De los 31 senadores presentes, 20 votaron a favor del proyecto, destacando la relevancia del derecho a una muerte respetuosa y sin sufrimiento.
La Ley de Muerte Digna busca garantizar que los procedimientos de eutanasia se realicen bajo estrictos controles y protocolos, asegurando la dignidad de los pacientes y la legalidad de las acciones médicas involucradas. A continuación, cinco claves de esta histórica legislación:
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Aplicación en casos de enfermedades incurables
La ley establece que todas las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que sufran padecimientos que resulten insoportables debido a condiciones de salud incurables, tienen derecho a solicitar la eutanasia. El objetivo es que la muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de la dignidad del paciente, especialmente cuando el deterioro de la calidad de vida es grave y progresivo.
Solicitud por escrito a un médico
Quienes deseen recibir asistencia para morir deben presentar su solicitud personalmente ante un médico mediante un escrito firmado en su presencia. Si el solicitante no puede firmar, otra persona mayor de edad puede hacerlo en su nombre, también en presencia del médico y del solicitante. Este procedimiento formaliza la voluntad del paciente y garantiza claridad y seguridad legal.
Voluntad revocable
La decisión de recibir eutanasia puede ser revocada en cualquier momento, sin necesidad de cumplir formalidades adicionales. Ante la revocación, se detienen inmediatamente todos los procedimientos y se deja constancia en la historia clínica del paciente, asegurando respeto total a la autonomía individual.
Objeción de conciencia para médicos
Los médicos y personal asistencial pueden negarse a participar en la eutanasia por objeción de conciencia. En esos casos, la institución médica debe designar a otro profesional que garantice la prestación del servicio, asegurando que el derecho del paciente se cumpla sin afectar la libertad de conciencia del personal.
Exención de responsabilidad penal y civil
El equipo médico que realiza la eutanasia siguiendo las disposiciones de la ley no incurre en delito alguno y queda exento de responsabilidad penal, civil o administrativa, siempre que actúe conforme a la normativa vigente.
Con esta legislación, Uruguay se posiciona como pionero en América Latina al garantizar un marco legal claro y seguro para la muerte asistida, equilibrando derechos del paciente y protección del personal sanitario.
