El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado recientemente su disposición a considerar el envío de criminales violentos estadounidenses a prisiones en el extranjero. Esta propuesta representa una ampliación significativa de su agenda de deportación, que hasta ahora se había centrado principalmente en inmigrantes ilegales. Trump argumenta que trasladar a estos delincuentes a países con sistemas penitenciarios más estrictos podría resultar más económico y servir como elemento disuasorio. Sin embargo, la viabilidad legal de esta iniciativa aún no está clara. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aceptado recibir a deportados, incluidos criminales violentos estadounidenses, a cambio de una compensación económica.
En paralelo, la administración Trump ha comenzado a trasladar migrantes detenidos en Estados Unidos a la base naval de Guantánamo, en Cuba. Un primer vuelo militar con varias docenas de personas a bordo ha despegado recientemente. Se prevé que hasta 30,000 migrantes irregulares sean recluidos en el Centro de Operaciones para Migrantes, que ha sido ampliado por orden del presidente para convertirlo en un gran centro de detención. Esta medida ha generado críticas debido a la falta de claridad sobre su legalidad y los servicios que se ofrecerán a los migrantes.
Además, Trump ha firmado un acuerdo “sin precedentes” con El Salvador, en el cual el presidente Bukele ha ofrecido sus cárceles para encarcelar tanto a migrantes de diversas nacionalidades que cometan crímenes graves como a criminales estadounidenses. Este acuerdo permitirá a Estados Unidos deportar a migrantes indocumentados a El Salvador, de manera similar al acuerdo de tercer país seguro. Bukele ha señalado que las prisiones de alta seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, recibirán a estos criminales, y se cobrará una tarifa para sostener el sistema penitenciario. Esta alianza refuerza la relación entre Bukele y Trump, mostrando una estrategia de seguridad compartida.
Estas acciones forman parte de una serie de medidas más amplias de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias y de justicia penal. Recientemente, Trump firmó un memorando para utilizar la base militar de Guantánamo como centro de retención para hasta 30,000 migrantes irregulares. Esta acción ha generado polémica, con defensores de derechos humanos criticando las condiciones similares a una prisión en esas instalaciones. La medida se alinea con la filosofía de Trump de catalogar a todos los inmigrantes irregulares como criminales y facilitar su detención y deportación.
En resumen, la administración Trump está implementando una serie de políticas destinadas a endurecer las medidas contra la inmigración irregular y la criminalidad violenta, incluyendo la reubicación de criminales estadounidenses en prisiones extranjeras y la utilización de instalaciones como Guantánamo para la detención de migrantes. Estas iniciativas han generado un debate considerable sobre su legalidad y las implicaciones para los derechos humanos.