El 27 de mayo de 2025, la administración del presidente Donald Trump emitió una orden que instruye a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos a suspender, de manera inmediata, la programación de nuevas entrevistas para la emisión de visas de estudiante y de intercambio (categorías F, M y J). Esta medida se enmarca en una revisión de las políticas de seguridad nacional y migración, con el objetivo de implementar una verificación más exhaustiva de los antecedentes de los solicitantes, incluyendo el análisis de sus actividades en redes sociales.
Según un cable firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, las secciones consulares deben abstenerse de añadir nuevas citas para estos tipos de visas hasta que se emitan nuevas directrices. La administración busca ampliar la revisión de antecedentes requerida en redes sociales, lo cual podría afectar a miles de estudiantes internacionales que planeaban iniciar sus estudios en instituciones estadounidenses.
Esta decisión ha generado preocupación en el ámbito académico y económico. Las universidades estadounidenses dependen en gran medida de los estudiantes internacionales, quienes aportan significativamente a la economía del país. Según la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), en 2024, los estudiantes extranjeros contribuyeron con 44 mil millones de dólares y 370 mil empleos a la economía estadounidense.
Además, la medida se produce en medio de tensiones entre la administración Trump y la Universidad de Harvard. Recientemente, el gobierno revocó la certificación que permitía a Harvard aceptar alumnos extranjeros, aunque un juez suspendió posteriormente esta decisión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que “es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus dotaciones multimillonarias”.
La suspensión de las entrevistas para visas estudiantiles y las nuevas políticas de verificación de antecedentes reflejan un enfoque más estricto de la administración Trump hacia la inmigración y la seguridad nacional, lo que podría tener implicaciones significativas para la educación superior y la economía de Estados Unidos.
