Un hecho que ha causado conmoción en Ecuador salió a la luz este fin de semana, luego de que se difundiera un video donde aparece un sacerdote acompañado de dos menores de edad en su domicilio. Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran al religioso en la puerta de su vivienda mientras vecinos y policías le exigen explicaciones por la presencia de los adolescentes, uno de ellos en ropa interior.
El sacerdote fue identificado como Diego Sosa, párroco de la provincia de Santa Elena, en la zona de Olón. En el video, difundido por la activista Sybel Martínez, se observa a un menor vestido únicamente con ropa interior y a otro sosteniendo un control de PlayStation. La grabación generó indignación y rápidamente se viralizó.
Vecinos dieron aviso a las autoridades
De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del viernes 15 de agosto de 2025. Vecinos del sacerdote alertaron a las autoridades tras verlo salir de la iglesia acompañado de los menores y dirigirse con ellos hasta su vivienda.
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Al ser cuestionado, Sosa aseguró que los adolescentes eran monaguillos de su parroquia y que lo visitaban para jugar videojuegos. Según su versión, no existió ninguna conducta indebida y cuando las autoridades llegaron él vestía una camiseta y un pantalón corto, aclarando que no estaba en ropa interior. Además, afirmó que los jóvenes, de 15 y 16 años, se encontraban con su consentimiento y el de sus padres para participar en actividades previas a un evento religioso.
Investigación en curso
Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación de oficio contra el sacerdote. Paralelamente, la Diócesis de Santa Elena reaccionó de inmediato y anunció la separación temporal de Sosa de sus funciones pastorales mientras avanzan las pesquisas civiles y canónicas.
En un comunicado, la Iglesia Católica en Ecuador reiteró su política de “cero tolerancia e impunidad” frente a actos inmorales y expresó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
Por ahora, el caso continúa en investigación. Mientras tanto, la comunidad local permanece dividida: algunos vecinos exigen sanciones ejemplares, mientras que otros piden esperar los resultados de las indagaciones antes de emitir un juicio definitivo.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los menores y el papel de las instituciones religiosas en garantizar entornos seguros, en un contexto donde cada vez más denuncias relacionadas con abusos han salido a la luz en la región.
