La propuesta de reforma conocida como “cobranza delegada” ha generado un debate considerable en el ámbito legislativo mexicano. Esta iniciativa, que busca modificar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, propone que los pagos de créditos de nómina sean descontados directamente del salario de los trabajadores por parte de sus empleadores. Sin embargo, la discusión en torno a esta reforma se ha detenido, ya que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República cancelaron la reunión programada para el 6 de febrero, en la cual se analizaría esta propuesta.
Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, ha señalado que, de aprobarse esta reforma, los trabajadores podrían enfrentar embargos en una parte de su salario para el pago de créditos personales. Además, indicó que esta medida implicaría un incremento en los costos administrativos para las empresas, ya que tendrían la responsabilidad de gestionar la cobranza de estos créditos. Siller también advirtió que, con esta ley, las empresas tendrían conocimiento de los créditos que poseen sus empleados, lo que podría representar una desventaja para los trabajadores al momento de negociar sus salarios.
Desde la perspectiva de las entidades financieras que otorgan estos créditos, la reforma podría traducirse en una reducción del riesgo y de los costos administrativos, debido a una disminución en la morosidad. Para la economía nacional, esto podría significar un menor riesgo, ya que la cartera vencida de este tipo de créditos no aumentaría, a menos que el trabajador perdiera su empleo.
Oposición ante la Reforma de cobranza delegada
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado su oposición a esta reforma, argumentando que es contraria a la Constitución. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, explicó que, con la reforma, si un trabajador solicita un crédito, el empleador podría descontar directamente su sueldo para entregarlo al acreedor, y que una vez firmado el acuerdo, este sería irrevocable. Anaya afirmó que la reforma contraviene el artículo 123 constitucional, que establece que el salario mínimo no es embargable, así como el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo.
En resumen, la reforma de cobranza delegada propone que los empleadores descuenten directamente de los salarios de los trabajadores los pagos de créditos de nómina. Esta iniciativa ha generado opiniones divididas: mientras algunos destacan beneficios como la reducción de la morosidad y de los costos administrativos para las entidades financieras, otros señalan posibles desventajas para los trabajadores, como la pérdida de confidencialidad sobre sus deudas y una posible desventaja en la negociación salarial. Además, se han planteado preocupaciones sobre la constitucionalidad de la reforma y su impacto en los derechos laborales.
