México publicó un decreto que ratifica su adhesión al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional, adoptado por la ONU en 2023 bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Este paso reafirma el compromiso del país con la protección de los océanos, pero también genera debates sobre su implementación en un contexto de desafíos ambientales y económicos.
El acuerdo, conocido como el Tratado de Alta Mar, busca regular el uso de los recursos marinos en aguas internacionales, que representan cerca del 60% de los océanos mundiales. Su objetivo es proteger la biodiversidad marina, establecer áreas protegidas y regular actividades como la pesca, la minería submarina y la investigación científica. México, con su extensa zona económica exclusiva, se posiciona como un actor clave, aunque algunos expertos cuestionan si el país cuenta con los recursos para cumplir con estas metas.
La ratificación del decreto llega en un momento crítico, con los océanos enfrentando amenazas como la sobrepesca, la contaminación por plásticos y el cambio climático. El acuerdo obliga a los países signatarios a realizar evaluaciones de impacto ambiental para actividades en alta mar, pero la falta de claridad sobre su financiación ha generado escepticismo. En México, sectores pesqueros temen que las regulaciones afecten sus actividades, mientras que ambientalistas celebran el paso como un avance hacia la sostenibilidad.
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El proceso para que México se sumara al tratado comenzó tras su adopción en la ONU en marzo de 2023, tras casi dos décadas de negociaciones. El país participó activamente en las discusiones, abogando por un enfoque que equilibrara la conservación con los intereses de naciones en desarrollo. Sin embargo, críticos señalan que el decreto no detalla cómo se coordinarán las políticas nacionales con las obligaciones internacionales, lo que podría limitar su efectividad.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, que buscan preservar ecosistemas vulnerables como los arrecifes de coral y los montes submarinos. México, con experiencia en la gestión de áreas protegidas como el Parque Nacional Revillagigedo, podría liderar en este ámbito, pero la falta de infraestructura para monitorear aguas internacionales plantea retos. Los expertos sugieren que la cooperación regional será crucial para el éxito del tratado.
El decreto también aborda el acceso y reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, un tema sensible para países como México, que históricamente han visto sus recursos biológicos explotados por naciones más ricas. El acuerdo propone un mecanismo para compartir beneficios, pero su implementación depende de negociaciones futuras, lo que genera incertidumbre sobre los beneficios reales para el país.
La ratificación ha sido bien recibida por organizaciones ambientalistas, que la ven como un paso hacia la meta global de proteger el 30% de los océanos para 2030. Sin embargo, algunos analistas advierten que sin un plan claro para financiar y aplicar las medidas, el decreto podría quedar como una declaración simbólica. México necesitará fortalecer sus capacidades técnicas y legales para cumplir con las exigencias del tratado.
El impacto económico del acuerdo es otro punto de discusión. La pesca en alta mar y la posible minería submarina son actividades lucrativas, pero el tratado impone restricciones que podrían afectar a sectores clave. Los pescadores mexicanos, especialmente en regiones como Baja California, han expresado preocupaciones sobre la falta de consulta previa, lo que podría generar tensiones con el gobierno.
La relación de México con la UNCLOS no es nueva, ya que el país ratificó la convención en 1983. Sin embargo, el nuevo acuerdo amplía las responsabilidades, exigiendo mayor coordinación con organismos internacionales. Algunos críticos argumentan que México debería priorizar problemas ambientales internos, como la contaminación en el Golfo de México, antes de asumir compromisos globales que podrían ser difíciles de cumplir.
El decreto que avala el pacto de la ONU sobre el Derecho del Mar posiciona a México como un actor comprometido con la conservación marina, pero su éxito dependerá de la capacidad del país para traducir este compromiso en acciones concretas. En un mundo donde los océanos son cada vez más cruciales para la seguridad alimentaria y el equilibrio climático, este paso es un comienzo, pero el camino hacia una gestión sostenible aún está lleno de desafíos.
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Con información de INFOBAE
