Integrantes del colectivo Resistencia de Tulum, acompañados por prestadores de servicios turísticos y ciudadanos, sumaron más de mil voces este lunes en un bloqueo pacífico sobre la carretera federal, a la altura de la zona arqueológica, para exigir la apertura de los accesos a las playas dentro del Parque del Jaguar.
Los inconformes señalaron directamente a las autoridades federales y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por mantener restringidas, desde 2018, las entradas tradicionales al mar, lo que ha afectado la actividad turística, generado la pérdida de empleos y desplazado a prestadores de servicios náuticos.
“Las playas no se venden, se defienden”
Con pancartas y consignas como “Las playas no se venden, se defienden”, mujeres, hombres, niños y niñas se sumaron a la protesta en defensa del libre tránsito hacia el mar. Los asistentes exigieron la apertura inmediata de los cuatro accesos públicos que históricamente se han utilizado en la zona.
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Los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones, siempre de manera pacífica, hasta recuperar los espacios naturales que consideran un derecho de la ciudadanía. Subrayaron que el bloqueo no busca confrontación, sino visibilizar una problemática que ha crecido en los últimos años y que afecta tanto a la comunidad local como a los visitantes.
Accesos alternativos, inadecuados según los pobladores
De acuerdo con los testimonios recabados, los accesos alternativos que ofrece la Sedena son considerados “lejanos e inadecuados”, pues no cumplen con las condiciones para la prestación de servicios turísticos ni con la comodidad que requieren los usuarios.
Uno de los representantes del movimiento explicó: “Todos, todos entramos por este acceso. No queremos la playa Mangle, no queremos la playa Gitano porque ellos están diciendo que ya se liberaron… No queremos acceso solo un día. No queremos únicamente el acceso a playa Mangle. No queremos el acceso únicamente a playa sur. Queremos los cuatro accesos al parque nacional”.
Los prestadores de servicios recordaron que las playas son bienes nacionales y de uso público, por lo que no aceptarán acuerdos parciales ni soluciones temporales. Su exigencia es clara: recuperar el derecho a los accesos originales para garantizar el sustento de decenas de familias que dependen directamente del turismo en la región.
