La Fiscalía General de la República (FGR) alista un paquete de reformas constitucionales y legales para mejorar el sistema procesal y penal en México. Las propuestas serán presentadas al Congreso en junio de 2025, según fuentes oficiales.
Un objetivo central es fortalecer la extinción de dominio, facilitando el decomiso de bienes del crimen organizado. Actualmente, el 90% de los casos enfrenta obstáculos porque los jueces dudan en declarar abandonos.
La FGR también propone modificar el tipo penal del tráfico de armas. Los traficantes evaden sanciones al desarmar las armas, aprovechando vacíos legales que la reforma busca cerrar.
Gustavo Castillo, de la FGR, destacó la importancia de atacar la riqueza patrimonial de los delincuentes. Las reformas pretenden debilitar financieramente a las organizaciones criminales.
Otra prioridad es agilizar los procesos penales, reduciendo la burocracia. La lentitud en casos de alto perfil, como Ayotzinapa, ha generado críticas hacia el sistema actual.
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Las reformas también buscan disminuir el “monopolio” del Ministerio Público, permitiendo que particulares promuevan causas criminales en ciertos casos. Esto podría democratizar la justicia.
En X, la iniciativa ha generado debate. Algunos apoyan el enfoque contra el crimen, pero otros temen que se vulneren derechos procesales si no hay controles claros.
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Organizaciones como México Evalúa piden transparencia y equilibrio en las reformas. Advierten que la eficiencia no debe sacrificar las garantías individuales de los acusados.
La FGR colabora con el Senado, alineando las propuestas con la agenda legislativa. Los recientes conversatorios sobre telecomunicaciones muestran un Congreso activo en reformas.
De aprobarse, las reformas podrían transformar la justicia penal en México. Sin embargo, requieren el respaldo de Morena y aliados para superar el debate legislativo.
Con información de: INFOBAE
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