En una decisión reciente, el Poder Judicial ha confirmado la suspensión de las obras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleva a cabo en la Laguna de Bacalar, Quintana Roo. Esta medida responde a preocupaciones sobre posibles daños ambientales y la falta de transparencia en el proyecto.
Antecedentes del proyecto
Desde principios de 2025, diversas organizaciones ambientales y ciudadanos han expresado su inquietud por las construcciones realizadas por la Sedena en un predio ubicado junto al Fuerte de San Felipe, un sitio histórico y turístico de Bacalar. Las obras incluyen el dragado y relleno de áreas cercanas a la laguna, lo que ha generado alarma por el impacto ecológico que podrían causar.
Preocupaciones ambientales y legales
Las acciones emprendidas por la Sedena han sido objeto de críticas debido a la posible alteración del ecosistema de la Laguna de los Siete Colores. Se ha señalado que los trabajos podrían afectar el flujo natural del agua y dañar la biodiversidad local. Además, se cuestiona la legalidad del proyecto, ya que no se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni se ha consultado a la comunidad, como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Acuerdo de Escazú .
Reacciones de la comunidad y organizaciones
Ante la falta de información y la preocupación por el entorno natural, habitantes de Bacalar, junto con organizaciones como Agua Clara y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, han organizado manifestaciones pacíficas y recolectado firmas para exigir la suspensión de las obras. Argumentan que el proyecto no solo amenaza el medio ambiente, sino también el patrimonio cultural e histórico de la región.
Decisión judicial
En respuesta a estas preocupaciones, el Poder Judicial ha ratificado la suspensión de las obras de la Sedena en la Laguna de Bacalar. Esta decisión busca prevenir daños irreversibles al ecosistema y garantizar que se cumplan las normativas ambientales y de participación ciudadana.
Conclusión
La situación en Bacalar destaca la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las leyes ambientales en proyectos de infraestructura. La participación activa de la comunidad y la intervención judicial subrayan la necesidad de proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural frente a desarrollos que puedan ponerlos en riesgo.
