El despacho Coello & Trejo emprendió desde noviembre del 2020 una denuncia en representación de familiares de dos víctimas de Covid-19 en 2021, contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por su falta de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de la función pública, por sus declaraciones que minimizaban la pandemia, el uso de cubrebocas, la aplicación de pruebas de detección, entre otros hechos.
Un juez federal revocó la no acción penal y ordenó a la Fiscalía General de la República indagar cualquier acto de omisión, incluso delitos, que pudo haber cometido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la pandemia de Covid-19.
En diciembre del 2020, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), decidió abstenerse de investigar la denuncia por supuestamente no existir hechos constitutivos de delito.
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Incluso, el Ministerio Público de la Federación decidió no investigar.
Después de varios recursos interpuestos por el despacho, el 19 de enero del 2022 un juez de control federal especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en el Reclusorio Sur, revocó el acuerdo de abstención de investigar.
Eel juez Arturo Medel Casquera revocó la resolución de no ejercicio de la acción penal de marzo del 2023, por considerar que se debe investigar los hechos denunciados con base en el Código Penal Federal, “de manera concreta un evento de homicidio, contemplado en el artículo 302, además de en relación con el 307, insisto del código sustantivo de comisión por omisión, es decir, que tiene relación precisamente con lo que establece el artículo 7 del código sustantivo en el sentido siguiente, dicen los delitos de resultado materia también será atribuible a resultado atípico producido al que omite impedirlo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo”.
El juez precisó que durante la pandemia de Covid-19 el Gobierno federal nombró a Hugo López-Gatell como vocero, cuyos mensajes se dirigían a la población en general.
De esa forma, el juez de control federal ordenó a la Fiscalía General de la República que continúe la investigación, que desahogue más datos de prueba e incluso que investigue a fondo los hechos lamentables.
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Con información de El Economista
