El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el 27 de julio de 2025 que impondrá multas a 118 juzgadores electorales por el uso de “acordeones” o materiales de apoyo no autorizados durante las evaluaciones del proceso de selección para magistraturas en el Poder Judicial, realizadas en mayo de 2025. Esta decisión, que busca garantizar la transparencia en la renovación de cargos judiciales, ha desatado críticas por la severidad de las sanciones y dudas sobre la equidad del proceso. Las multas, cuyo monto aún no se detalla, podrían alcanzar decenas de miles de pesos por participante.
El proceso de selección de magistrados, impulsado tras la reforma judicial de 2024, incluyó exámenes de conocimientos y entrevistas públicas para garantizar la idoneidad de los candidatos. Sin embargo, el INE detectó que 118 de los 1,200 aspirantes utilizaron “acordeones” con información clave durante las pruebas, lo que constituye una violación al reglamento. Esta irregularidad, según el INE, compromete la integridad del proceso, pero algunos afectados argumentan que las sanciones son desproporcionadas.
Los “acordeones” variaron desde notas manuscritas hasta dispositivos electrónicos, según el reporte preliminar del INE. Aunque no se especifica si los materiales fueron usados para copiar directamente, el organismo considera que cualquier apoyo externo invalida la evaluación. Los juzgadores sancionados, muchos de ellos con años de experiencia en el ámbito electoral, denuncian que la falta de claridad en las reglas y la presión del proceso pudieron haber llevado a malentendidos.
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La reforma judicial, que abrió la elección de magistrados a un proceso competitivo, buscaba democratizar el Poder Judicial, pero ha enfrentado críticas por su implementación. Las multas del INE se suman a otras controversias, como la descalificación de candidatos por errores administrativos y la percepción de favoritismo hacia ciertos aspirantes. Algunos analistas consideran que las sanciones podrían ser una medida para reforzar la autoridad del INE, pero también arriesgan deslegitimar el proceso.
Los afectados tendrán derecho a un proceso de audiencia para defenderse, pero el INE ha advertido que las multas son inapelables en la mayoría de los casos. Esto ha generado preocupación entre los juzgadores, quienes temen que las sanciones afecten su reputación profesional y sus finanzas personales. Algunos han señalado que el INE debería enfocarse en prevenir estas irregularidades con mejores controles en lugar de castigar retrospectivamente.
El uso de “acordeones” no es un problema nuevo en procesos de evaluación en México, pero su detección en un contexto tan sensible como la elección de magistrados ha encendido las alarmas. Los críticos del INE argumentan que la tecnología utilizada para monitorear las pruebas, como cámaras y software antiplagio, pudo haber exagerado la magnitud de las irregularidades. Otros defienden la medida como un paso necesario para garantizar la imparcialidad.
La controversia llega en un momento de tensión entre el INE y sectores del gobierno, que han cuestionado la autonomía del organismo tras la reforma electoral de 2023. Las multas podrían interpretarse como un intento del INE por demostrar su compromiso con la transparencia, pero también como una respuesta a las presiones políticas. Este escenario complica el panorama para los juzgadores sancionados, quienes enfrentan un proceso estigmatizante.
Las reacciones en redes sociales reflejan la polarización en torno al tema. Mientras algunos apoyan las multas como una medida contra la corrupción, otros las ven como un exceso burocrático que castiga errores humanos. Los memes sobre los “acordeones” han proliferado, pero también han trivializado un problema que pone en juego la credibilidad del sistema judicial mexicano.
El INE enfrenta el reto de equilibrar la rigurosidad con la empatía en este proceso. Aunque las multas buscan disuadir prácticas desleales, la falta de un mecanismo claro para distinguir entre errores menores y fraudes intencionales podría generar más controversia. Los expertos sugieren que el organismo debería publicar un informe detallado sobre las irregularidades para recuperar la confianza del público.
La decisión del INE de multar a 118 juzgadores por “acordeones” en la elección de magistrados es un capítulo más en el complejo proceso de renovación del Poder Judicial. Mientras el organismo defiende la transparencia, los sancionados y sus defensores exigen un enfoque más justo. Este caso pone a prueba la capacidad del INE para garantizar elecciones limpias en un contexto de alta presión política y social
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Con información de EL UNIVERSAL
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