¡La mujer solo fue despedida! La difusión de un video que muestra a una trabajadora de guardería agrediendo a una bebé en Torrejón de Ardoz, Madrid, ha generado una ola de indignación en España. El caso no solo ha conmocionado a la opinión pública, sino que también ha reabierto el debate sobre la supervisión y regulación de los centros de cuidado infantil en el país.
La grabación fue publicada por Nicole, una joven que realizaba prácticas profesionales en el inmueble. En las imágenes, se ve cómo la cuidadora obliga a la menor a comer mientras la regaña y la zarandea, visiblemente molesta. “No me escupas la comida, me tienes harta”, se le escucha decir. Lo más alarmante es que ninguna de las otras trabajadoras presentes intervino para detener el abuso.
Una práctica presuntamente normalizada
Según la denunciante, este tipo de comportamientos eran frecuentes y normalizados dentro de la guardería. El video motivó a padres y madres de familia a presentar una denuncia penal. En respuesta, las autoridades detuvieron inicialmente a tres trabajadoras y una directiva del centro.
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Los familiares aseguraron que no se trataba de un caso aislado. Varios menores presentaban síntomas de ansiedad y alteraciones emocionales que ahora relacionan con las prácticas del centro. La guardería fue clausurada de forma temporal mientras se lleva a cabo la investigación.
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Reacciones de la implicada y consecuencias legales para la mujer
En entrevista con el medio Antena 3, la cuidadora acusada defendió su conducta, calificando la reacción pública como “exagerada”. Incluso responsabilizó a Nicole de haber provocado su despido, señalando que la grabación causó el cierre de la institución.
Aunque las cuatro mujeres detenidas fueron puestas en libertad, el sistema judicial español impuso medidas cautelares. Deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibido trabajar en cualquier actividad relacionada con la infancia, sin importar si es remunerada o no.
Este incidente ha puesto en evidencia fallas en la vigilancia de estos centros y ha llevado a las autoridades a reflexionar sobre la necesidad de reforzar los protocolos de protección infantil. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y garantías de que casos similares no se repetirán.
