¿Qué pasará con Aguakan? En el programa Los Otros Datos, de esta semana, se encuentra con nosotros como invitado, el Presidente de la JUGOCOPO del Congreso de Q. Roo, el diputado Humberto Aldana, quien nos platica sobre cómo va el caso de la concesión de Aguakán, cómo está operando y qué empresa podría dar los servicios que actualmente da la empresa antes mencionada.
¿Cuál es el estatus de Aguakan en Quintana Roo?
De acuerdo con el diputado Humberto Aldana, la empresa Aguakan está operando actualmente con un amparo, bajo una suspensión definitiva qué
“Desde mi punto de vista, se otorgan de manera bastante expedita, me parece increíble pero a pocos días de qué ellos solicitaron una suspensión, les dan una suspensión incidental y después la definitiva, entonces nosotros vamos a seguir combatiendo, atacando esta resolución porque creemos que no asiste la razón”, dijo Aldana en Los Otros Datos.
De igual manera destacó que el congreso del Estado de Quintana Roo abrogo un decreto que ampliaba anticipadamente hasta 2053 la concesión, misma que inicial iniciaba originalmente en 1993 y terminaba el 31 de diciembre de 2023.
Sin embargo, en 2014, la XIV legislatura emitió un decreto por el cual de manera sorpresiva le dan 30 años más anticipadamente a la empresa, a partir de su expiración que contaría hasta el 2053.
Por su parte, Augusto Bojórquez, menciona que Quintana Roo se encuentra entre los estados con las tarifas más caras de agua potable, entre los que destacan Baja California, Monterrey, entre otros. Mencionando que las tarifas las marca el gobierno del estado.
Al respecto, el invitado expone por que en Quintana Roo el costo por el servicio de agua es muy caro.
“Las tarifas altas del agua potable son debido al costo de extracción, al costo de producir el agua, su costo implica perforar en una tierra donde es muy complicado perforar, desmineralizados el agua de alguna manera distinta a la que se hacen otros lugares y distribuir zonas”, menciona.
¿Por qué deciden terminar la concesión de Aguakan?
El diputado Aldana destaca qué entre las consideraciones para terminar la concesión de Aguakan está el precio y tiene que ver con el servicio, los cortes o limitaciones, así como la falta de presión en algunas zonas y por el reclamo popular.
“La gente, no sé si ustedes tienen también problemas con el agua, tenemos problemas con el abastecimiento de agua, en ciertas horas hay, ciertos días no hay, pero la gente que tiene más problemas y menos recursos, no está como para comprarse una pipa de agua cada vez que le falte el agua”, destaca.
¿Quién quedaría en el lugar de Aguakan?
Según Humberto Aldana, el decreto marca que sería la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), quien estaría ocupando el lugar de Aguakan para poder dar servicio a la ciudadanía.
“Una vez que bacán deja de operar, entonces será CAPA que tome el control, que tiene la capacidad, debe de tener la capacidad, porque a la herir activos y pasivos de Aguakan o al retenerlos al hacerse de recursos materiales humanos y demás también, pasivos y activos financieros, hasta donde alcance, porque hay un tema del modelo de negocio, que es algo por lo que nosotros aprobamos este decreto, y operar, debe de operar en plenitud de sus capacidades”, menciona en Los Otros Datos.
Además, destaca que a la salida de Aguakan, el gobierno federal debería de invertir para sanear y en caso extremo de que no pudiera, se tendría que ver lo de alguna concesión.
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El retiro de la concesión de Aguakan para los cuatro municipios de Quintana Roo, ya hicieron eco en el gobierno federal.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia matutina del pasado miércoles en la “mañanera”, se pronunció por primera vez en el tema. Aseguró que contratos como el que obtuvo la concesionaria de Aguakan, son un abuso y un acto de prepotencia que deben terminar.
Y es que la disputa por el servicio de agua potable alcanza un nuevo capítulo.
Tras la contundente votación a favor de rescindir el contrato con Aguakan en la consulta pública del 5 de junio de 2021, el Congreso Estatal aprobó el decreto 195 para la suspensión del servicio. Sin embargo, un juez concedió la suspensión definitiva en respuesta al amparo presentado por Aguakan.
En una audiencia del juicio de amparo 1323/2023-VIII, el juez Julio César Ortiz Mendoza favoreció a la empresa, revocando el decreto que retiraba el servicio en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen.
Por su parte, la Fiscalía General de la República investiga a Aguakan por presunto engaño al juez para mantener la concesión hasta 2053.
En derecho de réplica, Paul Rangel, director de Aguakan, aseguró que la consulta ciudadana realizada fue “totalmente amañada”. Declaró que no es vinculante para Aguakan, desafiando las afirmaciones de la secretaria general de gobierno, Cristina Torres.
Rangel defendió que cumplió con todos los requisitos en 2014 para la concesión ampliada, refutando las acusaciones sobre falta de documentación.
La concesión otorgada en 1990 se vinculó a un decreto de 2014, durante la gestión del entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso, quien amplió la concesión hasta 2053. Se presume que en dicha transacción hubo desviaciones de más de mil millones de pesos.
Aguakan, subsidiaria del Grupo Mexicano de Desarrollo de Jorge Ballesteros, además enfrenta acusaciones de incumplimientos e impacto ambiental.
El gobierno estatal sostiene que la empresa ocultó deficiencias en infraestructura y servicios. Aunque el proceso legal sigue, la secretaria de gobierno, Cristina Torres, asegura que la prórroga no ha sido concedida. El Congreso defiende la queja ciudadana, mientras Aguakan alega intervención ilegal del gobierno estatal.
La sombra de la gestión de Borge Angulo y las decisiones tomadas en ese periodo siguen siendo parte de la trama legal que envuelve este conflicto.
Lo crucial ahora, es asegurar la eficiencia en el servicio de agua para los ciudadanos. Mientras tanto, se espera la resolución final para determinar quién deberá prestar y pagar por el vital líquido.
Cristina Torres, secretaria de gobierno, afirmó que el Poder Legislativo puede abrogar el decreto que autorizaba 30 años más de servicio y concesión. Asegura que la acción fue conforme a la ley, abrogando su propio decreto, y que ni el Ejecutivo ni los municipios tienen la facultad de abrogarlo. Por lo pronto, mientras los ciudadanos reciban el servicio, deberán pagar a Aguakan hasta que se determine quién si el gobierno o la iniciativa privada deberá prestar el servicio de manera definitiva.