La jueza federal Kathleen Williams, ordenó este jueves, el desmantelamiento del controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, o Alcatraz de los Caimanes en español, en los Everglades de Florida en Estados Unidos.
Cierre de Alligator Alcatraz
La resolución, emitida por la jueza, establece un plazo de 60 días para desmantelar las operaciones del centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz.
Kathleen Williams, quien ya paralizó temporalmente sus obras de ampliación a principios de agosto, ha prohibido así el alojamiento de más detenidos al margen de los que ya acoge el centro, así como instalar cualquier infraestructura adicional al aeropuerto abandonado donde se encuentra el centro.
La magistrada estipulo además que “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos” que se agregaron a las instalaciones deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden.
Este fallo preliminar responde así una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de una construcción convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con la demanda, los demandantes argumentaron que la construcción acelerada del Alligator Alcatraz, iniciada a finales de junio en un aeródromo en desuso en el corazón de los Everglades, violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) al no realizarse revisiones adecuadas del impacto ecológico.
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Se sabe que la zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales como los caimanes que dan nombre a las instalaciones, construidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos ya prácticamente en desuso de 3.400 metros que forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a 70 kilómetros de Miami.
El gobierno de Trump, quiere ampliar las instalaciones para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
