El caso Ayotzinapa, que conmocionó al mundo por la desaparición de 43 estudiantes, toma un nuevo giro con la filtración de impactantes mensajes de texto que exponen una verdad inquietante. Estos mensajes, revisados minuciosamente por el New York Times, arrojan luz sobre la colusión entre el grupo criminal Guerreros Unidos y las autoridades mexicanas.
Impactantes mensajes sobre el Caso Ayotzinapa
Según informa el influyente medio estadounidense, la investigación se ha visto impulsada por la revisión de 23,000 mensajes de texto, proporcionados por la DEA al Gobierno de México el año pasado. Estas comunicaciones confirman vínculos entre Guerreros Unidos, miembros de las fuerzas policiales y mandos de la Sedena, el Ejército mexicano.
El testimonio de un testigo clave, mencionado en el reportaje, revela detalles escalofriantes. Se afirma que algunos de los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en un crematorio propiedad de la familia de un forense que colaboraba con Guerreros Unidos. Este colaborador del servicio médico forense compartía imágenes de escenas del crimen y cuerpos sin vida con los líderes criminales.
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Además, los mensajes filtrados exponen que los narcotraficantes locales tenían vínculos con el Ejército mexicano y las Fuerzas Armadas. Estos vínculos se extendían a la corrupción local, donde los líderes del crimen discutían si un alcalde podría “cambiar dólares a pesos”, un eufemismo para referirse a entregas de dinero. También, admiten que utilizaban su influencia en el Ejército para mantener a raya a sus rivales y solucionar problemas con autoridades que no colaboraban.
El reportaje del New York Times también confirma que el Ejército tenía conocimiento de los eventos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la fatídica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este conocimiento se sustentaba en el uso de la herramienta de espionaje Pegasus.
El artículo revela detalles adicionales, incluyendo que un mando policial, un oficial militar y un líder criminal habrían colaborado para proporcionar armas a miembros de la célula delictiva en un pueblo cercano a Iguala. Además, se plantea que las autoridades mexicanas mantuvieron intervenciones telefónicas sobre quienes lideraban Guerreros Unidos al menos hasta 2017, cuando la relación entre militares y delincuentes aún era sólida.
El Gobierno de México ha acusado a un coronel del Ejército, identificado como José Rodríguez, de ordenar la muerte de seis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estas acusaciones han sido realizadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la comisión presidencial encargada de investigar este caso.
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Estos mensajes filtrados plantean preguntas cruciales sobre la profundidad de la colusión entre criminales y autoridades en el caso Ayotzinapa, mientras el mundo espera respuestas y justicia para las víctimas y sus familias. El caso sigue siendo una herida abierta en la historia de México y un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la búsqueda de la verdad y la justicia.