En aquellos casos en donde los contratistas y empresarios ven en riesgo su integridad, se ha contratado a elementos de seguridad armados, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Isidro Santamaría Casanova.
Debido a sus limitaciones y hasta posible colusión con la delincuencia, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) y Fiscalía General del Estado (FGE) no son garantes.
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Se tiene conocimiento por mes en promedio hay cinco casos de extorsión, informó el dirigente de la CTM.
“Los trabajadores de la construcción son rudos y aun así deciden retirarse mejor… Por eso se ve mucha movilidad en obras”, refirió.
Por ello se ha notificado a las autoridades, pero no ha habido respuesta favorable, expuso Santamaría Casanova.
Consideró ya es necesaria la intervención de las fuerzas armadas.
Según información extraoficial, quienes se encargan del “cobro” se instalan en puntos estratégicos, donde los jornaleros y contratistas pasan a pagar.
La aparición de “narco fosas” desde el año pasado con cadáveres de albañiles genera temor.
Del mismo modo las privaciones de la libertad a jornaleros obliga al pago de “derecho de piso”.
