El Gobierno de Nuevo León ha señalado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) adoptó una postura con tintes políticos al ordenar la clausura total del Zoológico La Pastora. La acusación surge luego de que la autoridad federal reportara supuestas irregularidades en el manejo de la fauna y un deterioro severo en la salud de la osa conocida como “Mina”.
Acusaciones de irregularidad y motivaciones políticas
Fernando Bichara, presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, utilizó un video difundido en las redes institucionales para calificar la clausura como un acto “irregular, sin fundamento y politizado”. Afirmó que la intervención de Profepa se adelantó incluso antes de que concluyeran las actas de inspección. Según Bichara, para las 2 de la tarde del 3 de octubre ya se anunciaban cierres, aunque hasta las 4 de la tarde aún se estaban firmando documentos.
El funcionario estatal adelantó que el Gobierno de Nuevo León promoverá acciones legales con el fin de impugnar la decisión federal. Además, indicó que, mientras se revisa la situación legal, se suspenderá temporalmente la recepción de nuevos ejemplares silvestres.
Situación actual de los animales y postura oficial
Según datos oficiales, el zoológico alberga actualmente 91 animales pertenecientes al Estado y más de 500 ejemplares que son patrimonio del recinto La Pastora. Bichara aseguró que el caso de la osa Mina es “un evento aislado” y señaló que el gobierno estatal ha colaborado previamente con Profepa para garantizar el cuidado y bienestar de los animales. Sin embargo, manifestó que la relación institucional no ha sido óptima.
Inspección, clausura y salud de la osa Mina
La Profepa determinó clausurar por completo el zoológico tras inspecciones realizadas entre el 25 y el 27 de septiembre. Las conclusiones de esta evaluación revelaron que “Mina” presentaba deficiencias nutricionales, úlceras dérmicas y leptospirosis —una enfermedad potencialmente transmisible a humanos—, y además carecía de registros médicos adecuados o protocolos de atención en su expediente clínico.
Una vez tomada la decisión, la osa fue trasladada a la Fundación Invictus, en el estado de Hidalgo, para que reciba tratamiento especializado.
El enfrentamiento entre el gobierno estatal y Profepa refleja una disputa que va más allá del bienestar animal: abarca cuestiones de atribuciones institucionales, responsabilidad gubernamental y posibles sesgos políticos en la aplicación de sanciones ambientales. En el centro de este conflicto está la vida de los animales resguardados en La Pastora y la credibilidad de las autoridades encargadas de regular y proteger la fauna.
