Este día, el Gobierno federal tomó la decisión de separar de sus cargos a varios funcionarios de alto nivel que laboraban en el laboratorio estatal Birmex, luego de que se detectaran irregularidades significativas durante el proceso de licitación destinado a la compra de medicamentos con un valor total estimado de 13 mil millones de pesos.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer públicamente que dichos funcionarios fueron removidos de sus puestos con el propósito de facilitar el desarrollo de una investigación exhaustiva, la cual permitirá establecer si existen responsabilidades de carácter penal o administrativo que deban ser sancionadas conforme a la ley. En este contexto, la mandataria también detalló que algunos de los involucrados ya llevaban varios años formando parte de la estructura de Birmex, e incluso habían sido incorporados desde administraciones anteriores.
Entre los servidores públicos cesados destacan Iván de Jesús Olmos Cansino, quien se desempeñaba como director general de la paraestatal; Emma Luz López Juárez, responsable de la dirección administrativa; Carla Irene Anaya Guendulain, a cargo de la logística; y Fabián López Xochipa, director de planeación. Además de estos altos mandos, también fueron retirados de sus funciones varios empleados de menor rango.
En paralelo a estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) anunció el pasado miércoles la cancelación de la licitación internacional consolidada para la adquisición de medicamentos correspondientes a los años 2025 y 2026. Esta medida se tomó tras las alertas emitidas por actores del sector farmacéutico, quienes denunciaron anomalías en el proceso, lo que derivó en una revisión detallada de los lineamientos y procedimientos seguidos durante la licitación.
Posterior a la destitución del equipo anterior, el gobierno federal designó a Carlos Ulloa, exlegislador originario de Chiapas, como nuevo titular de la empresa Birmex. Según explicó Sheinbaum, la intervención oportuna permitió evitar una compra con precios inflados, lo cual representa un logro significativo en materia de transparencia y eficiencia. Asimismo, aseguró que el abasto de medicamentos se encuentra plenamente garantizado y anunció que los contratos correspondientes serán reasignados en un plazo no mayor a 15 días, utilizando un esquema de subasta inversa que permitirá obtener mejores condiciones para el Estado.
Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, las autoridades reconocieron públicamente que se habían adquirido 175 claves de insumos médicos con un sobrecosto acumulado de 13 mil millones de pesos, situación que encendió las alertas dentro del propio gobierno. Durante su pronunciamiento sobre el caso, Sheinbaum comparó lo ocurrido con un juego en el que se anula el resultado por trampa: “Es como si ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa… se hizo trampa”, expresó con firmeza para justificar la anulación completa del proceso de licitación.
Por su parte, Raquel Buenrostro, quien encabeza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que actualmente se están llevando a cabo dos investigaciones de manera simultánea: la primera enfocada en detectar fallas dentro del procedimiento, y la segunda centrada en evaluar el comportamiento de los funcionarios públicos implicados. La funcionaria también aclaró que, debido a que la investigación continúa en una etapa deliberativa, no es posible proporcionar mayores detalles por el momento. Sin embargo, confirmó que se están revisando cuidadosamente los documentos y las firmas correspondientes con el objetivo de establecer el grado de responsabilidad de cada persona involucrada.
Aunque hasta el momento no se han presentado denuncias formales de carácter penal, fuentes oficiales advirtieron que, de comprobarse la existencia de actos de corrupción, se procederá con las sanciones legales correspondientes. En caso de identificarse errores administrativos o fallos en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios responsables serán separados definitivamente de sus cargos. En tanto se resuelve la situación, la Secretaría de Salud ha determinado finalizar anticipadamente todos aquellos contratos que ya habían sido firmados como parte del proceso de licitación que ahora ha sido cancelado.
