Este jueves, Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan las deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
¿Peña de muerte? Florida va por migrantes
Entre las leyes que firmó el gobernador están las penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos y que sean declarados culpables de un delito capital, tales como asesinato o abuso sexual de un niño.
Expertos en el tema, indican que, este aspecto seguramente enfrentará querellas legales, debido a que, como apuntaron algunos legisladores demócratas en el pleno de ambas cámaras, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó décadas atrás que las “sentencias obligatorias” y sin discreción del jurado eran inconstitucionales.
Las leyes aprobadas contemplan la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, que estará compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Según lo firmado, la junta coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para distribuir entre las fuerzas de seguridad locales que ayuden a los esfuerzos federales en este campo, en aras de estimular la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Los textos fijan la creación de nuevos delitos estatales por entrada o reingreso ilegal a Florida, elevando la conducción sin licencia a un delito grave para inmigrantes indocumentados.
De igual modo, tipifica como delito el ingreso a Florida de indocumentados mayores de 18 añosque entran al estado “después de entrar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o la inspección de los agentes de inmigración”, y estarán sujetos a una pena carcelaria de nueve meses.
También se eliminan las matrículas como residentes de los estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado, y las oficinas de los alguaciles locales tienen hasta abril para enrolarse en el programa federal 287(g) que concede autoridad a los agentes locales para realizar tareas propias de las agencias federales de inmigración.