México, un país rico en recursos naturales, se encuentra cada vez más atrapado en una preocupante crisis de escasez de agua. A pesar de las estadísticas oficiales que sugieren un acceso mejorado al agua, la realidad es sombría: las cifras distorsionan la verdadera magnitud del problema.
Escasez de agua en todo México
El acceso al agua no significa necesariamente disponibilidad constante, ya medida que las sequías se intensifican, el país se enfrenta a una crisis que afecta a municipios enteros.
Desde 2006, el acceso al agua diaria ha ido disminuyendo, pasando del 61% al 33% en la actualidad. Esto refleja la realidad de muchos municipios, como Baja California Sur, donde la disminución del acceso diario ha sido dramática. La Ciudad de México también se ha visto afectada por la escasez, con alcaldías que redujeron la disponibilidad de agua de seis días a la semana a solo tres o cuatro días.
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El fenómeno de la escasez de agua se agrava por la falta de inversión pública y soluciones privatizadas insuficientes. La situación en el municipio de Doctor Arroyo en Nuevo León ejemplifica la lucha constante por el agua.
A pesar de que a menudo hay agua en los pozos, la falta de infraestructura de extracción hace que esta agua no llegue a los hogares. Además, las sequías cada vez más prolongadas exacerban el problema, dejando a los habitantes sin agua durante períodos preocupantes.
La gestión del agua en México es un desafío multifacético. La regulación y coordinación inadecuadas, la concentración del agua en manos de un pequeño grupo y la falta de inversión y presupuesto son algunos de los factores que contribuyen a la crisis actual. La proliferación de organismos operadores de agua sin coordinación ni capacidad operativa crea un escenario fragmentado y poco efectivo.
La falta de inversión es evidente en el presupuesto gubernamental. A pesar de la importancia del agua, el presupuesto federal destinado a acciones de abastecimiento y administración del agua ha disminuido en un 32% en términos reales entre 2012 y 2023. Esto muestra una priorización insuficiente de los recursos hídricos en el país.
La influencia empresarial y de la agroindustria en el manejo del agua también es un problema. Los Distritos de Riego, organismos privados que controlan una gran parte del agua, han creado una hidrocracia que ejerce un poder desproporcionado en la distribución del agua y los recursos públicos. La falta de regulación y supervisión permite posibles explotaciones no sostenibles de los acuíferos, además de posibles conflictos de intereses.
La creación de una Ley General de Aguas es un paso necesario para abordar esta crisis. La Suprema Corte de Justicia ha instalado al Congreso de la Unión a emitir esta ley antes de agosto de 2024. Regular y coordinar el manejo del agua a nivel nacional es esencial para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua en México.
La redistribución, regulación de concesiones, incentivos para el uso adecuado y la inversión en infraestructura y tecnología son pasos cruciales para revertir la crisis de escasez de agua. Además, la revisión de las tarifas de agua para diversos usos, incluida la agroindustria, es fundamental para garantizar la disponibilidad de recursos financieros para mejorar la infraestructura y promover el reúso del agua.
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El futuro del agua en México depende de una acción urgente y concertada por parte del gobierno, la industria y la sociedad civil. Con una estrategia integral y una inversión significativa, es posible abordar la crisis actual y asegurar un acceso sostenible y equitativo al agua para las generaciones futuras.