El creciente control ejercido por grupos del crimen organizado en México está teniendo un impacto dramático en la economía y la seguridad alimentaria del país. Alimentos básicos como el limón, el aguacate, el jitomate, la papaya, el mango, el pollo y el pescado han experimentado un aumento significativo en sus precios debido a la extorsión, las amenazas y, en algunos casos, los asesinatos de productores y trabajadores del sector. Esta situación se ha vuelto insostenible y está afectando negativamente a varios estados mexicanos.
México resiente la economía a través de los alimentos
El precio del limón, en particular, ha experimentado un aumento considerable en el último mes. La principal causa detrás de este incremento son las amenazas y extorsiones que enfrentan los productores de limón en el estado de Michoacán. Los productores han denunciado públicamente esta situación en varios medios de comunicación y redes sociales. Según un informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el precio del limón ha aumentado en todos los niveles de su cadena de distribución, desde el costo para el productor hasta el precio final para el consumidor.
Los productores de limón en Michoacán ahora reciben solo 17 pesos por kilo, lo que representa un aumento mensual del 26.4%. En la Ciudad de México, el precio mayorista por kilo se sitúa en 29.16 pesos, en comparación con los 25.89 pesos del mes anterior. Los consumidores finales en la Ciudad de México pueden pagar hasta 40.31 pesos por kilo. En algunos estados, el precio del limón ha aumentado de 12 a 20 pesos por kilo.
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Este aumento de precios se debe en gran parte a la paralización de las actividades de los productores de limón en Michoacán, quienes han sufrido constantes extorsiones y amenazas por parte de grupos del crimen organizado que exigen el pago de cuotas para permitirles trabajar. La situación se ha vuelto tan grave que los limoneros michoacanos han denunciado públicamente su situación y la falta de seguridad proporcionada por el gobierno estatal.
En los primeros siete meses de 2023, se han presentado 128 denuncias por extorsión en Michoacán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las víctimas de estas extorsiones incluyen a cientos de empacadoras de limón en varios municipios de Michoacán, como Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Múgica.
La violencia relacionada con estas extorsiones ha sido evidente en ataques a camiones limoneros incendiados y camionetas de cortadores de limón en llamas en la misma zona de Michoacán. Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales ni heridos en estos ataques.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha instado a los productores de limón a presentar denuncias por extorsión, pero la comunidad se enfrenta al peligro que representa denunciar públicamente a los grupos criminales. Existe un precedente escalofriante en el que hace más de una década, en Apatzingán, un grupo de cortadores de limón fue emboscado y asesinado después de acudir a un acto cívico para denunciar los bloqueos de carreteras realizados por grupos criminales locales.
El problema no se limita al limón. En México, grupos del crimen organizado han ejercido control sobre la producción y distribución de alimentos como el aguacate, el jitomate, la papaya y el mango. Los grupos criminales imponen cuotas a los productores y trabajadores en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la siembra hasta la distribución. Esta extorsión y violencia han llevado a aumentos significativos de precios y han afectado negativamente a la economía y la seguridad alimentaria de México.
La situación es especialmente grave para los trabajadores agrícolas que a menudo son víctimas de violencia y extorsión por parte de los grupos del crimen organizado. Las denuncias son arriesgadas, y la historia ha demostrado que aquellos que se atreven a hablar en contra de los grupos criminales enfrentan graves consecuencias.
Además de los alimentos mencionados, incluso la tortilla, un alimento básico en la dieta mexicana, ha sido objeto de control por parte del crimen organizado en algunos estados. Los grupos delictivos obligan a los comerciantes a aumentar o disminuir los precios según su conveniencia, imponiendo un “derecho de piso” a los vendedores de tortillas. Esto ha llevado a fluctuaciones en el precio de la tortilla, lo que afecta directamente a los consumidores.
En Guerrero, el crimen organizado también ha intervenido en la distribución de pollos para consumo humano, lo que ha resultado en la escasez de este alimento en los mercados locales. Los distribuidores de pollos han sido víctimas de asesinatos y ataques armados, lo que ha llevado a la interrupción de la cadena de suministro.
Incluso la industria pesquera en México no está exenta de la influencia del crimen organizado. Grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han asumido el control de la pesca, tanto legal como ilegal. Exigen tarifas a pescadores, plantas de procesamiento y exportadores para permitirles operar. En algunas comunidades, estos grupos obligan a los pobladores a vender el pescado capturado a ellos directamente o enfrentar graves consecuencias.
La situación es alarmante y plantea desafíos significativos para México. El aumento de los precios de los alimentos es solo un síntoma de un problema más amplio: la creciente influencia del crimen organizado en diversos sectores de la economía mexicana. Esto no solo afecta la estabilidad económica, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población.
El gobierno mexicano enfrenta el desafío de abordar esta crisis de seguridad de manera efectiva y garantizar la protección de los productores y trabajadores agrícolas. Además, se requiere una cooperación continua con las autoridades locales y federales para erradicar la influencia del crimen organizado en la producción y distribución de alimentos en el país.
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En resumen, la extorsión y la violencia del crimen organizado están elevando los precios de alimentos básicos en México, lo que tiene un impacto negativo en la economía y la seguridad alimentaria. Es fundamental abordar esta situación de manera urgente para proteger a los productores y garantizar el acceso a alimentos asequibles para la población mexicana. La lucha contra la influencia del crimen organizado en la cadena alimentaria debe ser una prioridad tanto a nivel local como nacional.