El gobierno de Estados Unidos anunciará una medida más drástica en su política migratoria: imponer multas de 5 000 dólares a toda persona que intente ingresar al país sin la documentación correspondiente ni autorización legal.
Este cambio, difundido a través de mensajes oficiales emitidos por la Embajada de EE. UU. en México en sus redes sociales, forma parte de una estrategia para reforzar el control fronterizo y desalentar las entradas no autorizadas.
¿Cómo se aplicarán las multas?
En el video compartido por la embajada estadounidense, el vocero advierte que “toda persona que cruce ilegalmente la frontera enfrentará consecuencias graves”, enfatizando la nueva sanción.
Aunque el mensaje no especifica en qué fecha entrará en vigor esta penalidad, la decisión coincide con una ampliación de tarifas en programas migratorios que ya estaban siendo revisados por la administración.
Además de la multa por cruce irregular, se ha confirmado una tarifa de 1 000 dólares para quienes pidan o se beneficien del mecanismo denominado parole humanitario, modalidad que permite la entrada temporal por razones justificadas urgentes.
Esta tasa se aplica en el momento en que se concede el permiso, no al solicitarlo, y está respaldada por una normativa interna del Departamento de Seguridad Nacional.
Propósito disuasorio y repercusiones esperadas
El objetivo central detrás de estas sanciones es desalentar los cruces irregulares y dar señales más duras bajo la política migratoria actual.
Hasta ahora, los flujos migratorios hacia la frontera sur han mostrado una caída significativa, con registros que apuntan a niveles de cruces apenas vistos desde la década de 1970.
La multa de 5 000 dólares representa una carga económica elevada para quienes ingresan sin recursos ni respaldo legal, y podría usarse tanto para bloquear ciertos procesos legales como para exigir su pago antes de avanzar en etapas migratorias.
Críticas, excepciones y consecuencias sociales
Aunque la sanción es severa, la norma incluye algunas excepciones: condiciones médicas urgentes, funerales, causas humanitarias extremas o colaboraciones con autoridades en casos de justicia podrían quedar exentas.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que esta política podría agravar la vulnerabilidad de personas que huyen de crisis y no cuentan con medios para cubrir estos costos.
El escenario podría derivar en detenciones prolongadas, negativas de ingreso y dificultades legales para quienes no logren pagar la multa, ampliando los riesgos para migrantes y solicitantes de asilo.
Implicaciones para México y flujo migratorio regional
México, por proximidad y por ser país de origen y tránsito para muchos migrantes, puede verse directamente afectado por esta medida.
Ya existen campañas oficiales del gobierno de EE. UU. con el lema #NiLoIntentes, destinadas a advertir a posibles migrantes mexicanos sobre las consecuencias de cruzar sin documentos.
Esta línea de acción puede generar una disuasión mayor entre quienes consideran rutas no reguladas, aunque también presionará a sistemas de protección migratoria en países de paso.
