Este miércoles 9 de abril, Yucatán se unió a la lista de entidades que han despenalizado la interrupción del embarazo, convirtiéndose en el estado número 23 en México en garantizar este derecho.
Con 23 votos a favor y 13 en contra, las iniciativas presentadas por las diputadas Clara Rosales de Morena y Larissa Acosta de Movimiento Ciudadano lograron derogar el artículo 392 del Código Penal de Yucatán, que anteriormente castigaba a las mujeres y personas gestantes por decidir interrumpir un embarazo.
El aborto ya es legal en Yucatán
La modificación también afecta al artículo 389, cambiando el delito de aborto a aborto forzado, estableciendo sanciones a quienes obliguen a una persona a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.
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La nueva legislación regula el acceso a la interrupción del embarazo en la Ley de Salud Pública del Estado de Yucatán, dejando en manos de las instituciones gubernamentales la responsabilidad de garantizar este derecho.
Además, las iniciativas permiten que el Congreso de Yucatán cumpla con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenaba despenalizar el aborto en todo el país. Con esta aprobación, el Congreso local ya no se encuentra en desacato.
Polémica en la sesión
A pesar de este avance, la sesión no estuvo exenta de polémica. La bancada del PAN votó en contra de la iniciativa de Morena, que proponía modificar el artículo 1 de la Constitución de Yucatán, el cual establece la protección de la vida desde la concepción. Esta postura generó el rechazo de las colectivas feministas que acudieron al Congreso, quienes expresaron su indignación con consignas como “¡El PAN no me escucha!”
Además, grupos provida se manifestaron en contra de la aprobación de esta medida, destacando la polarización en torno al tema del derecho a la interrupción del embarazo en la región.
Con esta histórica votación, Yucatán da un paso importante hacia la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, poniendo el bienestar y la decisión sobre sus cuerpos en el centro de la legislación estatal.
