El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra 160 despachos de abogados involucrados en un esquema fraudulento que resultó en el despojo de viviendas a miles de derechohabientes. Esta medida busca resarcir los daños ocasionados y sancionar a los responsables de estas prácticas ilícitas.
Entre 2012 y 2018, se llevaron a cabo juicios masivos en los cuales se demandó a 373,000 derechohabientes del Infonavit, de los cuales 249,000 perdieron sus viviendas. Lo alarmante es que 22,000 de estos afectados estaban al corriente en sus pagos, pero fueron despojados de sus propiedades debido a procesos judiciales irregulares.
El modus operandi de estos despachos consistía en demandar a los acreditados sin notificarles adecuadamente, vulnerando su derecho a la defensa. Además, en muchos casos, las demandas se interpusieron en estados distintos al de residencia de los afectados, dificultando aún más su participación en el proceso legal.
Este esquema fraudulento no solo afectó a los derechohabientes, sino que también representó un desfalco económico significativo. El Infonavit realizó pagos por un total de 29,000 millones de pesos a los despachos involucrados, recursos que debieron haberse destinado al beneficio de los trabajadores.
Ante la magnitud del fraude, el Infonavit ha presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los despachos y funcionarios implicados. El objetivo es que se investigue a fondo el caso y se finquen responsabilidades a quienes participaron en estas acciones ilícitas.
Además de las acciones legales, el Infonavit está implementando medidas para resarcir los daños a los derechohabientes afectados. Se busca revertir los despojos y restituir las viviendas a sus legítimos propietarios, especialmente en aquellos casos donde los acreditados estaban al corriente en sus pagos.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control dentro del Infonavit y en el sistema judicial mexicano. La colusión entre despachos de abogados, funcionarios judiciales y otros actores permitió que este fraude se llevara a cabo durante años sin ser detectado.
La actual administración del Infonavit ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Se han implementado nuevas políticas y procedimientos para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro, protegiendo así los derechos de los trabajadores y asegurando el uso adecuado de los recursos.
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Es fundamental que los derechohabientes estén informados y alertas ante posibles irregularidades. El Infonavit ha instado a los trabajadores a denunciar cualquier anomalía y a mantenerse en comunicación con la institución para resolver dudas o inquietudes relacionadas con sus créditos y viviendas.
Este lamentable episodio subraya la importancia de una vigilancia constante por parte de las instituciones y la sociedad para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que los recursos destinados a su bienestar sean utilizados de manera correcta y transparente.
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Con información de La Jornada
