El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que Morena, el partido político que lidera, impulsará la aprobación de una reforma al Poder Judicial en el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comenzará el 1 de septiembre.
Esta reforma es parte de un paquete de 20 reformas constitucionales que el mandatario presentó en febrero de este año con el objetivo de modificar diversas partes de la Constitución.
La Reforma Judicial de AMLO
Entre las principales propuestas de esta reforma al sistema judicial, destaca la elección popular de jueces y magistrados. Según el documento presentado por el Gobierno, se busca modificar el artículo 95 de la Constitución para que los jueces sean elegidos mediante voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 actuales.
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De aprobarse la reforma, se realizaría una elección extraordinaria en 2025 para renovar a ministros, magistrados y jueces, permitiendo que los actuales titulares puedan postularse nuevamente.
Otro cambio propuesto es la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, así como la disminución de su mandato, de 15 a 12 años. Además, se eliminarían las dos salas actuales del máximo tribunal, y todas las sesiones se realizarían en el pleno, que serían públicas y transparentes.
También se propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros y ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México, que ronda los 8,000 dólares mensuales.
Otro aspecto relevante de esta transformación es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La propuesta del Gobierno contempla reemplazar al CJF por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y control interno; y el Órgano de Administración Judicial, que estaría integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años. Estas reformas tienen como objetivo fortalecer la vigilancia y administración dentro del Poder Judicial.
Las nuevas reglas procesales
Este cambio también incluye la implementación de nuevas reglas procesales, como la justicia expedita, con plazos máximos de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y un año para asuntos penales.
Además, se prohibiría otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en ciertos casos, y se establecerían reglas para la elección directa de magistrados y jueces en los poderes judiciales locales.
A pesar de que López Obrador y Morena han defendido estas reformas como un esfuerzo por hacer más austero e independiente al sistema de justicia, la propuesta ha generado críticas. Instituciones como la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados han advertido que esta reforma podría amenazar la independencia judicial y debilitar la democracia en el país. Además, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo ha señalado que la transformación podría afectar gravemente la división de poderes en México.