El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en la fase final para aprobar las candidaturas que aparecerán en las boletas de la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025. Este proceso es inédito en México, ya que por primera vez se elegirán más de 900 cargos en el Poder Judicial mediante voto popular.
El pasado 13 de febrero, el Senado de la República entregó al INE una lista con más de 4,000 aspirantes a estos cargos judiciales. Sin embargo, durante la revisión, el INE detectó inconsistencias y vacíos en la información de varios registros, lo que llevó a posponer la aprobación oficial de las candidaturas. Se otorgó al Senado un plazo de 48 horas para subsanar estos errores y proporcionar los datos completos de los candidatos.
A pesar de estos contratiempos, el INE ha avanzado en la definición de los criterios y procedimientos para garantizar una asignación imparcial de los cargos a elegir. El 10 de febrero, el Consejo General aprobó el procedimiento para la asignación de candidaturas en cada Distrito Judicial Electoral, considerando las especialidades o materias correspondientes.
Además, se han establecido criterios para asegurar el principio constitucional de paridad de género en estas elecciones. Esto implica que las candidaturas deberán reflejar un equilibrio entre hombres y mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos judiciales.
La implementación de esta elección judicial ha generado debates y tensiones entre diferentes actores políticos e institucionales. Se han reportado presiones políticas durante la conformación de las listas de candidatos, así como conflictos entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las facultades para revisar juicios de amparo relacionados con la reforma judicial.
Una vez que el Senado subsane las inconsistencias en los registros de los aspirantes, el INE convocará a una sesión urgente del Consejo General para aprobar oficialmente las candidaturas. Posteriormente, estas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta del instituto, permitiendo que el proceso electoral continúe conforme al calendario establecido.
Las campañas electorales están programadas para iniciar el 30 de marzo y concluir el 28 de mayo, seguidas de un período de veda electoral antes de las votaciones. Durante este tiempo, los candidatos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y persuadir al electorado sobre su idoneidad para los cargos judiciales en disputa.
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Este proceso representa un hito en la historia democrática de México, al trasladar la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial al voto ciudadano. Se espera que esta medida fortalezca la legitimidad de las instituciones judiciales y promueva una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia.
No obstante, la complejidad del proceso y las tensiones políticas asociadas subrayan la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas ramas del gobierno y los órganos electorales. La resolución exitosa de estos desafíos será crucial para el desarrollo y consolidación de este nuevo modelo de elección judicial en el país.
A medida que se acerca la fecha de la elección, la atención pública y mediática se centrará en cómo se desarrollan las campañas, la respuesta de la ciudadanía y el impacto potencial de esta reforma en el panorama judicial y político de México.
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Con información de El Universal