Grupo Salinas se encuentra nuevamente en controversia. Un conjunto de autoridades del gobierno mexicano ha decidido clausurar trece establecimientos de apuestas, entre salas físicas y plataformas digitales, a raíz de detectarse operaciones en efectivo por montos elevados, así como flujos de dinero internacionales que habrían sido utilizados para ocultar la participación de grupos delictivos. En este listado de casinos afectados se encuentran dos propiedades pertenecientes al conglomerado Grupo Salinas, concretamente las empresas denominadas “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”.
El señalamiento oficial proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con el Gabinete de Seguridad Federal, que revelaron que dichos centros de juego empleaban mecanismos poco transparentes: uso de efectivo no declarado, transferencia de recursos hacia el extranjero y plataformas de apuestas que no estaban siendo supervisadas adecuadamente. El alcance de la medida abarca entidades ubicadas en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Según el análisis realizado por las autoridades, algunas de las plataformas digitales vinculadas a estas empresas de apuestas habrían reclutado personas con perfiles económicos poco compatibles —como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados— para luego registrar enormes sumas de dinero bajo su nombre. A cambio, esos recursos eran canalizados a los verdaderos beneficiarios. Este tipo de maniobra, junto con apuestas simuladas, permitió que el dinero ilícito se reintegrara al sistema financiero de manera encubierta. Ante tales irregularidades, los organismos de control designaron a estas compañías como “personas morales bloqueadas” por su alto riesgo financiero, con el fin de proteger tanto al público general como evitar su uso por parte de la criminalidad organizada.
Por su parte, Grupo Salinas respondió a las investigaciones aclarando que sus empresas objeto de revisión “cumplen con todos los requerimientos legales y normativos aplicables”. A su juicio, la acción gubernamental es parte de una campaña de acoso por parte del Estado que busca intimidar tanto a sus negocios como al presidente del grupo. Aunque las autoridades federales aún no han confirmado públicamente todos los nombres involucrados, los pedidos de transparencia y rendición de cuentas se duplican en momentos en que la vigilancia sobre el sector de casinos y apuestas en línea se intensifica a nivel internacional.
En definitiva, esta operación del gobierno representa no solo una sanción a establecimientos individuales, sino también un aviso contundente de que las actividades de juego en México están bajo mayor escrutinio. La colaboración interinstitucional —entre Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, y otros organismos de seguridad— marca un paso firme hacia la detección y bloqueo de recursos provenientes del crimen. El caso también subraya que las plataformas digitales de apuestas constituyen un blanco creciente para las políticas de regulación financiera, ya que la tecnología facilita tanto la entrada como la salida de capitales ilícitos con rapidez y opacidad.
