Un juez en el estado de Veracruz canceló la orden de aprehensión emitida contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien enfrentaba acusaciones por los presuntos delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Esta decisión se tomó en el marco de un proceso judicial que ha captado la atención nacional debido a las implicaciones políticas y legales que lo rodean.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha retirado la solicitud de extradición internacional que previamente había presentado al gobierno de Estados Unidos, una acción que marcó un giro importante en el caso.
Acusaciones contra Yunes Márquez
Los cargos que se imputaban al senador Miguel Ángel Yunes Márquez presuntamente ocurrieron durante su gestión como alcalde de Boca del Río, Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que, en 2021, el legislador probablemente utilizó documentos falsos al registrarse como candidato a la presidencia municipal de Veracruz, lo que habría constituido un acto de fraude procesal y falsedad ante las autoridades competentes.
Yunes Márquez, por su parte, sostuvo que estas acusaciones eran parte de una persecución política. Alegó que las acciones legales en su contra no eran más que un intento por desprestigiarlo y obstaculizar su carrera política.
Resolución judicial y cancelación de la orden de aprehensión
Óscar Luis Lozada Hernández, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, fue quien notificó oficialmente la cancelación de la orden de captura a una jueza federal que lleva el juicio de amparo promovido por el senador. En el informe judicial se detalla que tanto la orden de aprehensión como la solicitud de extradición internacional fueron revocadas, lo que deja al legislador en una posición legal más favorable.
El documento judicial establece:
“Agréguese el oficio proveniente del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, así como el diverso remitido por el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a la Unidad de Procesos Internacionales (…) por los que, en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecinueve de noviembre del año en curso, el primero informa y acredita que en el proceso penal fue cancelada la orden de aprehensión y el segundo lo relativo al retiro de la petición de extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que reclama el aquí quejoso”.
Además, la jueza federal a cargo otorgó un plazo de tres días para que las partes involucradas en el caso presenten las alegaciones que consideren pertinentes en defensa de sus derechos.
Controversia política y consecuencias
El caso de Miguel Ángel Yunes Márquez no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. En un giro sorpresivo, Yunes Márquez apareció en el Senado de la República poco después de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra y votó a favor de la reforma judicial promovida por el Movimiento de la Cuarta Transformación. Esta decisión generó una fuerte reacción entre sus compañeros del Partido Acción Nacional (PAN), quienes manifestaron su descontento con su postura y terminaron por expulsarlo del partido días después.
La reforma judicial, que fue promulgada el 15 de septiembre de este año, había sido objeto de debate, y el voto de Yunes Márquez fue crucial para su aprobación. Esto intensificó la controversia, ya que algunos interpretaron su apoyo como un intento de buscar respaldo político o aliviar la presión de las acusaciones legales en su contra.
Un caso que sigue generando interrogantes
Aunque la cancelación de la orden de aprehensión y la retirada de la solicitud de extradición representan un alivio significativo para el legislador, las acusaciones originales planteadas por la Fiscalía de Veracruz siguen dejando dudas sobre los motivos y posibles irregularidades que podrían haber ocurrido en su gestión.
Este caso no solo pone en evidencia las complejidades del sistema judicial mexicano, sino también el impacto que los intereses políticos pueden tener en los procesos legales. A medida que las partes involucradas presenten nuevas alegaciones, queda por verse cómo evolucionará esta situación en los próximos días.
