Ante la desinformación y el ambiente de inquietud que prevalece sobre el futuro de la propiedad privada en México y, particularmente en estados como Quintana Roo, la Asociación Civil Fundadores de Cancún, convocó a participar en el primer Podcast Presencial a la que se dieron cita autoridades, especialistas e integrantes de la sociedad civil para analizar el tema.
“En esta temporada de los últimos seis años y fracción, hemos tenido noticias de ‘las alturas’ de que nos van a quitar nuestras propiedades, que las van a pasar como en Cuba, que ya no va a haber títulos y que no vamos a poder heredar”, expuso Carlos Cardín, presidente de Fundadores de Cancún, al referir las motivaciones para organizar el evento, cuya sede fue la UNID, Cancún.
Presente en el panel de expositores, el diputado Hugo Alday, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso de Quintana Roo, subrayó que el Artículo 27 Constitucional prevalece y, por tanto, no se perderá la propiedad privada.
Aclaró que “todo el ruido” que ha difundido en medios y redes sociales en el sentido de que “el gobierno empezará a confiscar terrenos”, tiene su origen en una reforma -muy particular- de la Ciudad de México.
Explicó que dicha reforma va de la mano de la regularización de la propiedad particularmente en casos en los que ha habido invasión de edificios de zonas y terrenos de propiedad privada en los que ahora se busca dar certeza a la propiedad comunal o social y, a partir de ahí se busca hacer convenios, incluso con los propietarios -y despues de 40 ó 50 años- muchos de ellos están “más ávidos de vender que de seguir peleando”.
Recordemos -dijo- que en el pasado se tomaron (o invadieron) una gran cantidad de edificios, de zonas y terrenos, y a partir de ahí estuvo muy complicado que el Estado pudiera intervenir, por un lado para regularizar tierras, que si bien es cierto no son ejidales sino propiedad privada o que tal vez están en un juicio ya sea reinvidicatorio o acciones penales, lo que se busca es dar certeza a esa propiedad comunal o social ya sea adjudicárselos como estado y después venderlo o bien una venta directa como en la mayoría de los casos.
En el caso de Quintana Roo, Hugo Alday precisó que la única institución que puede regularizar los asentamientos humanos en la entidad es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
“En Quintana Roo no hay ningún cambio, desde el año pasado, con las últimas reformas de asentamientos humanos local, es muy clara la forma en la que se opera por parte del Estado, solamente la Sedetus está facultada para iniciar procesos de regularización”.
Durante su intervención como ponente, Carlos Bazán, Notario Público No. 2 de Cancún, puntualizó que en Quintana Roo los cambios tienen que ver con el pago de impuestos.
Anteriormente -dijo- las partes decían el valor comercial de un bien a través de un acuerdo y, a partir de ahí y basado en lo que se manifestaba en los documentos a la vista, se pagaban impuestos; hoy día esto ya no es así.
“El Estado reclama su capacidad y su posibilidad de decir, me pagas sobre lo que yo considero que vale (un bien). Es una Ley muy nueva, está aplicando a partir de agosto de este año y es una Ley que se va a ir notando sino las dificultades sí los ajustes en su aplicación”.
Expresó que en diversas circunstancias el valor del predio que el gobierno está estimando, es mayor que el pacto real o de la contraprestación pactada.
En Quintana Roo -añadió- también opera ya la Ley Antilavado de Dinero que busca limitar el uso de dinero en efectivo, promoviendo que los pagos se realicen a través de transacciones bancarias.
“En el tema de dineros, hay una vertiente internacional por donde ha pasado el país desde hace aproximadamente 12 ó 15 años, es justamente la llamada Ley Antilavado que era decorte federal, pero ahora con esta nueva iniciativa, cada estado vigila los dineros que le corresponden”.
Hoy en día -acotó- existe una Unidad de Inteligencia Financiera Estatal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, a cargo del SATQ y, a partir de este año, también los notarios estamos obligados a enterar los montos.
Lo más importante de esa ley -dijo- es que limita el uso de efectivo, se va a procurar que todo sea a través de transacciones bancarias”. destacó Carlos Bazán.
Al referirse a la importancia de realizar un testamento como acto jurídico en el que una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de sus bienes al momento de su muerte, recordó que este acto genera certidumbre y seguridad sobre el patrimonio familiar.
