Los recientes operativos de desalojo emprendidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo provocaron bloqueos carreteros en dos puntos clave de la entidad: Tulum y Mahahual.
Las protestas se originaron como respuesta a las acciones realizadas por autoridades estatales en asentamientos irregulares, donde los habitantes aseguran no haber recibido notificación ni alternativas de reubicación.
Bloquean entrada de Tulum
En Tulum, el operativo tuvo lugar alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles 23 de julio en la colonia irregular conocida como Tren Maya.
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Elementos de la FGE arribaron al lugar con la intención de desalojar a decenas de familias mientras dormían, pero ante la resistencia de los habitantes, no se logró concretar la diligencia. Como respuesta, los colonos bloquearon la carretera federal 307, incendiando llantas y obstaculizando el paso vehicular hacia Felipe Carrillo Puerto.
Resistencia ciudadana y caos vial
De acuerdo con versiones de los vecinos, durante el intento de desalojo participaron presuntos grupos de choque que actuaron con violencia y, además, habrían robado pertenencias de los afectados.
También denunciaron el uso excesivo de fuerza por parte de los agentes y recordaron que este tipo de operativos no son nuevos: al menos tres desalojos similares se han registrado en la zona durante el último año, todos con consecuencias de bloqueos y enfrentamientos.
Durante el bloqueo, algunos automovilistas arriesgaron su seguridad al cruzar entre las llamas. Elementos de la policía estatal, municipal, protección civil y bomberos lograron sofocar el fuego y restablecer la circulación cerca de las 9 de la mañana. No obstante, hasta ese momento ninguna autoridad resguardaba los terrenos implicados ni se había emitido información oficial sobre el operativo.
Habitantes de Mahahual también protestan
Al sur del estado, pobladores de Mahahual también bloquearon el acceso principal a la comunidad en protesta por desalojos similares. A las 10:30 horas, habitantes impidieron el paso hacia Xcalak y Ubero, alegando que las acciones se han intensificado sin acompañamiento social, ni diálogo previo.
Aunque reconocen no tener documentos que acrediten la propiedad de los predios, afirman que llevan años habitando en el lugar y no se les han ofrecido opciones para legalizar su situación. Acusan que los desalojos tienen como fin favorecer a inversionistas extranjeros, lo que ha incrementado el malestar entre las comunidades afectadas.
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