El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 10 de mayo de 2025 un nuevo impuesto dirigido a las organizaciones no gubernamentales (ONGs). La medida busca financiar proyectos de seguridad pública.
Según Bukele, las ONGs deberán pagar un tributo del 5% sobre sus ingresos anuales. “Es hora de que contribuyan al país que las acoge”, afirmó en un mensaje en X.
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La decisión ha desatado críticas de organismos internacionales. Human Rights Watch calificó la medida como un intento de restringir la labor de las ONGs críticas al gobierno.
En El Salvador, las ONGs han sido clave en áreas como derechos humanos y educación. Muchas dependen de donaciones extranjeras, lo que complica el cumplimiento del nuevo impuesto.
Bukele defendió la iniciativa, argumentando que los fondos se destinarán a combatir pandillas. Su gobierno ha priorizado la seguridad, con resultados mixtos según analistas.
En X, el hashtag #ImpuestosONGs refleja un debate polarizado. Algunos apoyan a Bukele, mientras otros temen que las ONGs reduzcan sus operaciones en el país.
La medida se suma a controversias previas de Bukele, como la captura de un supuesto evasor fiscal ligado a la oposición en 2020, que resultó en acusaciones de manipulación.
El gobierno no ha aclarado cómo se aplicará el impuesto ni qué ONGs estarán exentas. La falta de transparencia preocupa a organizaciones locales.
México, a través de su cancillería, expresó inquietud por el impacto en ONGs binacionales. La región observa de cerca las políticas de Bukele.
La implementación del impuesto comenzará en julio de 2025, según el anuncio. Su efecto en la sociedad civil salvadoreña aún está por verse.
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Con información de La Jornada
