Tan sólo en 2023, los organismos operadores de agua potable en el Valle de México registraron pérdidas por mil millones de pesos, derivadas del robo del líquido, a través de tomas clandestinas y su venta ilegal, así lo explicó Ramiro García Flores, abogado penal en temas hídricos de la UNAM, quien detalló que este delito comenzó a incrementarse luego de la pandemia.
Incluso ante este ilícito, ya se han presentado diversas iniciativas, como la de la diputada María Guadalupe Román, de Morena, quien reconoció que el robo en pozos y perforación de tuberías públicas ha creado un mercado negro que representa un negocio de más de mil millones de pesos.
En cuanto a las denuncias, García Flores informó que de acuerdo al buscador de sentencias públicas del Consejo Técnico de la Judicatura General, desde el 1 de enero de 2020 y hasta hoy, los órganos federales ubicados en el Estado de México y en la CDMX han conocido en conjunto 30 casos que tienen que ver con la sustracción ilegal de agua para cualquier uso.
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“En este buscador, desde 2020 y a la fecha, sólo se ven reflejados siete casos en la CDMX y 23 en el Edomex, sin embargo, puede que haya más casos a nivel local, pero al momento no se ven reflejadas aquí porque no han llegado al nivel federal”, resaltó.
Aunado a ello dijo que, aunque este hecho es un delito difícil de denunciar, hay tres tipos penales que castigan el robo de agua potable; el primero, con tres años de prisión y una multa de 20 mil pesos a quien sustraiga hasta 400 litros.
El segundo tipo penal sanciona hasta con seis años de prisión y 30 mil pesos a quienes roben entre 500 y menos de cinco mil litros de agua; finalmente, quienes sustraigan más de cinco mil litros, pueden recibir ocho años de prisión más una multa de más de 40 mil pesos.
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Con información de El Heraldo de México
