El presidente municipal de Cuyoaco, Puebla, Iván Camacho Romero, fue exhibido en redes sociales por un presunto acto de prepotencia en una tienda de ropa ubicada dentro del centro comercial Angelópolis, en la ciudad de Puebla.
Cámaras de seguridad y grabaciones de testigos mostraron un altercado que involucró al funcionario, su pareja sentimental y al menos dos de sus escoltas.
Alcalde de Cuyoaco abusa de poder en una tienda
De acuerdo con los videos difundidos, Iván Camacho Romero se encontraba en la zona de cajas del establecimiento discutiendo con un empleado, aparentemente por la negativa del personal a aceptar la devolución de algunos productos. Según el reporte, la tienda se negó a reembolsar el monto solicitado debido al estado de los artículos y a sus políticas internas.
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En la grabación se observa cómo la mujer que acompaña al alcalde hace señas a dos hombres, presuntamente escoltas del edil, para que se acerquen. Uno de ellos se dirige directamente al empleado y, tras un breve intercambio, este solicita la intervención del personal de seguridad de la tienda, señalando que fue amenazado.
“Básicamente, el señor me acaba de amenazar”, afirma el trabajador en una grabación posterior tomada con un teléfono celular. La rápida actuación de los elementos de seguridad del centro comercial evitó que el incidente escalara aún más.
Reacción en redes y silencio oficial
El periodista Carlos Martín Huerta, director de Noticias de Grupo ACIR Puebla, fue uno de los primeros en publicar los videos en redes sociales, donde el tema rápidamente generó indignación. Usuarios criticaron la conducta del funcionario y la aparente intimidación por parte de su equipo de seguridad.
Hasta el momento, ni el alcalde Iván Camacho ni el Ayuntamiento de Cuyoaco han emitido declaraciones oficiales respecto al altercado.
Postura del PRI estatal
Por su parte, la secretaria general del PRI en Puebla, Delfina Pozos Vergara, defendió la integridad del edil al afirmar que “tiene calidad moral”. Sin embargo, añadió que, si se comprueba que los escoltas incurrieron en alguna conducta indebida, deben ser sancionados conforme a la ley.
El caso ha reavivado el debate sobre el abuso de poder de funcionarios públicos y el uso de escoltas para fines personales. La ciudadanía y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación transparente y una postura clara por parte de las autoridades involucradas.
