La Profeco impuso sellos de suspensión al hotel Diamante K — propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos — luego de múltiples denuncias de visitantes y locales que denunciaron cobros excesivos.
La medida forma parte de un operativo sorpresa que revisó 29 establecimientos en Tulum —incluyendo hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de conveniencia— con especial atención a la zona turística conocida como Parque Jaguar. En ese contexto, se inspeccionaron 22 negocios dentro de dicho parque.
Durante la verificación, se detectaron discrepancias muy notables en los costos: en el hotel Diamante K, la tarifa más elevada para una habitación doble alcanzó los 13,860 pesos por noche —una cifra drásticamente superior al promedio de la zona. Según la Profeco, ese monto representa un sobreprecio que va entre un 890 % y hasta 1,880 % por encima de las tarifas promedio en el centro de Tulum, dependiendo de la comparación.
Pero el problema no se limitó al alojamiento: también se documentaron abusos en precios de alimentos y bebidas. Por ejemplo, un guacamole podía costar hasta 280 pesos; una hamburguesa sencilla superaba los 400; y una orden de tres tacos —de pastor, asada o bistec— rondaba los 400 pesos.
Además, las autoridades detectaron varias irregularidades respecto al cumplimiento de la normativa de consumo: en muchos casos no se exhibían tarifas con claridad, no había condiciones de servicio explícitas, se forzaba el pago de propinas, no se entregaban comprobantes de hospedaje y los menús mostraban precios en moneda extranjera o estaban escritos en idiomas distintos al español.
La suspensión del hotel de Palazuelos no fue un caso aislado: otros tres complejos en la región —Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa— también recibieron sanciones similares por prácticas similares, lo que forma parte de un operativo más amplio con el objetivo de proteger a los consumidores y regular los servicios turísticos.
En resumen, la intervención de Profeco con el cierre temporal de Diamante K busca sancionar abusos detectados en precios y servicios, y garantizar que los turistas y visitantes cuenten con información clara, precios justos y condiciones honestas — conforme a lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.
