En una zona remota de los bosques de Abruzos, en el centro de Italia, una familia compuesta por dos adultos y tres niños vivía alejados de la civilización, en una cabaña sin servicios esenciales, hasta que un tribunal decidió la intervención.
Los padres, un exchef británico, Nathan Trevallion, y una australiana exentrenadora ecuestre, Catherine Birmingham, habían optado por un estilo de vida completamente autosuficiente: cultivaban sus propios alimentos, cuidaban animales como caballos, burros, gallinas y perros, y generaban parte de su energía a través de paneles solares. Vivían en una vivienda que, según las autoridades, no contaba con agua corriente ni instalaciones sanitarias adecuadas, y los niños no asistían a la escuela, ya que recibían educación en casa con la ayuda de un profesor particular.
El caso salió a la luz después de que, en septiembre de 2024, la familia fuera hospitalizada por una intoxicación tras comer setas silvestres recolectadas en el entorno. Esa situación activó una investigación de los servicios sociales y de la Justicia, que concluyó que las condiciones de habitabilidad eran inadecuadas y que existía un riesgo para el desarrollo social y físico de los menores.
El Tribunal de Menores de L’Aquila decidió suspender la patria potestad de los padres y ordenó el traslado de los tres niños a una casa de acogida gestionada por una institución religiosa. La madre fue autorizada a acompañarlos, aunque bajo condiciones, mientras el padre quedó en la cabaña con el cuidado de los animales.
La orden judicial para separar a los menores se basa en varios motivos señalados por los magistrados: la falta de escolarización formal, la ausencia de un entorno social saludable, la vivienda sin cédula de habitabilidad y la carencia de un baño interior. Las autoridades señalaron que no se trata solo de un asunto de libertad de elección de vida, sino de la protección de derechos fundamentales de los niños, como su bienestar físico y mental.
Por su parte, la familia ha defendido su decisión de vivir apartada. El abogado de la pareja ha dicho que los niños están bien alimentados, educados y bajo atención médica, aunque sus críticos cuestionan la veracidad de esas afirmaciones y destacan que los servicios sociales apuntan a una carencia de controles pediátricos y sanitarios.
La polémica ha generado reacciones encontradas en Italia. El vicepresidente italiano, Matteo Salvini, ha denunciado la medida judicial como un “secuestro” y ha pedido que los niños regresen a sus padres. En cambio, la asociación nacional de magistrados ha defendido la decisión, argumentando que se basa en “elementos objetivos” relacionados con la seguridad, la salud y los derechos sociales de los menores.
Asimismo, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha señalado que el caso merece una evaluación más profunda y se ha planteado la posibilidad de enviar inspectores para revisar el proceso judicial. Mientras tanto, algunos municipios locales han sugerido que la situación podría reevaluarse si la familia ajusta las condiciones de vivienda, como instalar agua corriente, y retoma algún tipo de educación formal para los niños.
La dramática actuación de las autoridades ha despertado un intenso debate mediático y social en Italia, dividiendo opiniones entre quienes defienden el derecho a un modelo de vida alternativo y quienes priorizan la protección de la infancia. La familia, conocida por muchos como “los niños del bosque” (o bimbi nel bosco), ha anunciado que recurrirá la sentencia, por lo que su destino aún está por definirse.
