En el Senado de la República está en trámite una reforma que pretende obligar a que las ofertas de empleo incluyan claramente el rango salarial ofrecido, y en caso de no hacerlo, aplicar sanciones que pueden llegar hasta los 565 700 pesos.
La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que toda vacante que se publique especifique el monto o el intervalo de sueldos que se pagará; si la empresa omite ese dato, la propuesta señala que podría imponerse una multa de hasta 5 000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que da como resultado la cifra mencionada.
Uno de los objetivos centrales de esta propuesta es brindar mayor claridad y certeza a las personas que buscan empleo, así como fomentar una contratación más transparente y justa. En concreto, la medida fue impulsada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional, bajo el argumento de que la falta de datos precisos sobre salarios perpetúa condiciones de precariedad laboral. (El Economista)
Además, la iniciativa incorpora que la oferta de trabajo no sólo deberá indicar el rango de salario, sino también detallar si el pago incluye comisiones, pagos por unidad de obra u otros conceptos variables, y en su caso, especificar la base de cálculo o el porcentaje de dichas variables.
La ley propuesta contempla que sea obligatorio, independientemente del medio de publicación, que la vacante describa los servicios que se prestarán, las responsabilidades del puesto, los requisitos de ingreso, el tipo de relación laboral (tiempo completo, medio tiempo, modalidad de prueba) y si existe periodo de capacitación o prueba.
Por otro lado, para quienes omitan, alteren o falseen la información contenida en una vacante, la reforma al artículo 1000 de la LFT plantea que la autoridad correspondiente ordene la corrección o retiro inmediato del anuncio y aplique sanciones que van de 250 a 5 000 veces la UMA. Esa disposición busca frenar prácticas engañosas, fraudes laborales o reclutamiento ilícito que muchas veces se aprovecha de jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad.
Las proponentes —entre ellas la senadora Paloma Sánchez Ramos— argumentan que en México existe un elevado número de personas con empleo formal que perciben menos de 12 500 pesos al mes, monto que se estima como ingreso digno. Según datos de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), aproximadamente el 56 % de la población con empleo formal se encuentra en esa categoría.
En su exposición de motivos, la iniciativa señala que la transparencia en las vacantes es esencial para proteger a quienes buscan empleo y para fomentar relaciones laborales formales y justas. Al mismo tiempo, apunta a cerrar brechas salariales y reducir la vulnerabilidad que se origina cuando los trabajadores no disponen de información suficiente sobre las condiciones de los puestos que van a ocupar.
En suma, el Congreso de la Unión tiene en su mesa cinco proyectos diferentes que pretenden reformar la LFT, todos con un hilo conductor similar: mejorar el proceso de reclutamiento, aumentar la claridad en la publicación de vacantes y garantizar que quienes ofrecen empleo rindan cuentas. Esta propuesta en particular pretende que no sólo se trate de publicar un “sueldo competitivo”, sino de dar datos concretos sobre la retribución ofrecida.
