El gobierno de EE. UU., bajo la administración de Donald Trump, ha diseñado una propuesta polémica para incentivar que menores migrantes no acompañados opten por regresar voluntariamente a sus países de origen. Según documentos internos obtenidos por medios internacionales, se trataría de un pago único de 2,500 dólares dirigido a niños y adolescentes de entre 14 y 17 años que se encuentren en custodia estatal.
El plan no aplicaría para menores originarios de México, una excepción explícita del programa. Además, los fondos solo serían entregados después de que un juez de inmigración apruebe su salida y efectivamente regresen a sus naciones de procedencia.
¿Cómo se implementaría la medida?
De acuerdo con la versión del texto filtrada, el programa comenzaría ofreciendo la compensación primero a adolescentes de 17 años, aunque el documento contempla la inclusión de menores desde los 14. Un correo interno enviado desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) hacia albergues infantiles notificaba la oferta, estableciendo un plazo de 24 horas para que los encargados respondieran si los niños están interesados.
La entrega del dinero estaría condicionada al visto bueno legal para la salida y al regreso físico del menor a su país. De lo contrario, el monto no se haría efectivo.
Críticas y preocupaciones legales
Diversos defensores de derechos humanos, abogados de inmigración y organizaciones especializadas han repudiado la iniciativa, calificándola de coercitiva y ética y jurídicamente cuestionable. Alertan que podría obligar a menores vulnerables a renunciar a sus reclamos legales, entre ellos solicitudes de asilo, sin tener clara la magnitud de los riesgos que enfrentarán al volver a sus países de origen.
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, señaló que la medida “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo” sin haber tenido una audiencia justa. Por su parte, Wendy Young, de la organización Kids in Need of Defense, la calificó como una táctica cruel que podría vulnerar protecciones legales establecidas para menores migrantes.
También se argumenta que ofrecer 2,500 USD a menores —una cantidad significativa para muchos de ellos— podría desequilibrar cualquier decisión bien informada, convirtiéndola en resultado de necesidad más que de libre elección.
Contexto y antecedentes de la política migratoria
Este programa forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para promover las llamadas “deportaciones voluntarias” o autodeportaciones. En meses recientes, se expandió un incentivo de 1,000 dólares para adultos que aceptaran salir por su cuenta del país.
Además, la política migratoria en EE. UU. ha experimentado endurecimientos en el trato a menores no acompañados: recortes en programas de asistencia legal federal, mayor supervisión antes de otorgarles custodia con familiares, y requisitos más estrictos como toma de huellas dactilares o visitas domiciliarias.
Legalmente, la Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de la Trata de Personas (2008) establece que los menores migrantes no pueden ser deportados de manera rápida (expedited removal), salvo que provengan de países limítrofes como México o Canadá. El nuevo giro rompe con esa práctica tradicional al ampliar el espectro de origen de los menores elegibles para el programa.
Implicaciones y lo que está en juego
- Derechos de los menores: se teme que los adolescentes, sin representación legal adecuada, puedan tomar decisiones apresuradas sin comprender implicaciones graves.
- Presión institucional: el programa podría actuar como un mecanismo de coerción, más que una opción libre.
- Repercusiones humanitarias: regresar a condiciones de inseguridad, violencia o pobreza podría poner en riesgo su integridad física y psicológica.
- Desafíos legales: es probable que esta política enfrente demandas judiciales por infringir derechos constitucionales y tratados internacionales de protección a menores.
