Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso que involucra a la iglesia La Luz del Mundo exige actuar con rigor: “hay que perseguir el delito”, aseguró.
La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya mantiene abiertas varias carpetas de investigación relacionadas con los recientes arrestos de 38 personas vinculadas a esa congregación.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de revocar el registro religioso de La Luz del Mundo, Sheinbaum planteó que dicha medida no es prioridad. En su lugar, enfatizó que lo relevante es garantizar que los delitos sean investigados. “Lo que hay que perseguir es el delito … en todo caso hace falta la revisión por parte de Gobernación”, comentó.
Contexto de las polémicas: detenciones y acusaciones
Los hechos que motivan la respuesta de la presidenta se remontan al reciente operativo en Michoacán, donde fueron capturados 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo. Entre los decomisos se reportaron armas, equipo táctico y réplicas de armas de fuego.
De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los detenidos eran mexicanos, con uno de origen estadounidense, y se señalaba que operaban como guardias de seguridad adiestrados para proteger templos y líderes del movimiento.
Sheinbaum también mencionó que las investigaciones abarcan al grupo identificado como Jahzer, una red interna que podría fungir como cuerpo de protección interna de la iglesia. Según algunas versiones, los miembros detenidos argumentaron que el entrenamiento correspondía a una preparación para el “fin del mundo”.
Además, el caso se vincula con otros protagonistas polémicos, entre ellos Silem García Peña, exregidor de Xalapa y candidato en un proceso electoral, quien recientemente fue objeto de una ficha roja de Interpol. Su relación con La Luz del Mundo está siendo analizada en paralelo.
La postura gubernamental: legalidad y garantías
Sheinbaum defendió que no se debe estigmatizar a todos los fieles de La Luz del Mundo ni juzgar a la institución en su conjunto. Reconoció que muchos miembros tienen fines legítimos, por lo que su administración opta por diferenciar la fe pacífica del posible delito. “Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad”, señaló.
En su discurso, la presidenta recalcó la obligación de la Secretaría de Gobernación de revisar y supervisar lo relacionado con el registro religioso, pero dejó claro que no es su prioridad inmediata quitarlo. El foco, insistió, debe estar en aclarar las acusaciones legales.
Respecto al papel de la FGR, Sheinbaum sugirió que debe informar sobre el avance de las indagaciones hacia los líderes religiosos y los personajes colaterales involucrados.
Reflexiones finales: retos y expectativas ante el caso
- El pronunciamiento de Sheinbaum mantiene el equilibrio entre la legalidad y el respeto a la libertad religiosa.
- La apertura de múltiples carpetas por parte de la FGR indica que no se trata de un solo expediente, sino de un proceso amplio que podría involucrar a varios actores.
- La investigación del grupo Jahzer cobra fuerza como punto clave para descubrir posibles mecanismos internos de protección o estructuración irregular.
- El Gobierno debe demostrar que no se actúa por prejuicios religiosos, sino por un interés legítimo en perseguir delitos probables.
- Los resultados de estas pesquisas podrían tener impacto político, institucional y social, pues involucran la intersección entre fe, derecho y seguridad.
