El 15 de agosto de 2025, autoridades federales estadounidenses llevaron a cabo la detención de seis individuos en el estado de Texas, acusados de participar en un esquema de fraude electrónico relacionado con la obtención indebida de préstamos durante la pandemia de COVID-19. Entre los arrestados se encontraba Bernardo Gómez Guajardo, regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.
Acusaciones y cargos
Según un comunicado emitido por el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjel, los detenidos fueron acusados de presentar solicitudes fraudulentas para acceder al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas (EIDL, por sus siglas en inglés). Estos programas fueron implementados por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de proporcionar asistencia financiera a pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria.
Además de Bernardo Gómez Guajardo, su esposa, Lesley Chávez, también fue arrestada. Ambos residían en Edinburg, Texas, y enfrentan un total de ocho cargos relacionados con la presentación de solicitudes fraudulentas para obtener préstamos destinados a pequeñas empresas.
Investigación y monto del fraude
La investigación que condujo a las detenciones fue liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Departamento de Seguros de Texas. Los fondos obtenidos a través de estos préstamos estaban destinados a apoyar a las pequeñas empresas en el pago de nómina y deudas. Sin embargo, los acusados presuntamente malversaron dichos recursos para gastos personales y enriquecimiento ilícito.
El monto total del fraude asciende a 685,800 dólares. De ser declarados culpables, los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa individual de 250,000 dólares.
Otros detenidos
Además de Bernardo Gómez Guajardo y Lesley Chávez, fueron arrestados otros cuatro individuos: Sandra Pope Solis, residente en Rancho Viejo; Rolando Santiago Benítez, con domicilio en Harlingen; Edgar de la Garza, residente en Brownsville; y otro residente en Edinburg, Texas. Todos ellos enfrentan cargos similares por su participación en el esquema de fraude electrónico.
