La jueza del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación del decreto de reforma judicial emitido el pasado 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La jueza dio un plazo a la presidenta Claudia Sheinbaum de 24 horas a partir de la notificación de la sentencia para cumplir con la eliminación.
¿Claudia Sheinbaum incumplió las leyes?
Esta decisión se da en el marco del amparo 823/2024, en el cual la jueza Juárez Salas determinó que la Presidencia de la República había incumplido con la suspensión provisional otorgada previamente, la cual prohibía la publicación de dicha reforma en el DOF.
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La reforma judicial había sido aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso federal, generando una gran polémica por su contenido y posibles implicaciones para el sistema judicial mexicano.
En su sentencia, la jueza federal dejó claro que, si no se elimina la publicación de la reforma judicial, se dará aviso al Ministerio Público de la Federación. Esto significa que se podría iniciar un procedimiento penal, ya que, según lo estipulado en la Ley de Amparo, el incumplimiento de una orden judicial constituye un delito grave. De esta manera, las autoridades responsables podrían enfrentarse a sanciones legales.
Cabe recordar que la jueza Juárez Salas ya había otorgado una suspensión definitiva el 20 de septiembre, ordenando la eliminación de la publicación del decreto en el DOF. Sin embargo, la Presidencia no acató esta resolución, lo que ha llevado a la emisión de la nueva orden con un plazo perentorio para su cumplimiento.
Las polémicas Reforma Judicial
La reforma judicial promovida por López Obrador ha sido uno de los temas más controversiales en el ámbito político y judicial de México en los últimos meses.
Mientras que el gobierno argumenta que esta reforma es necesaria para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y combatir la corrupción, sus críticos la consideran un intento de debilitar la independencia de los jueces y magistrados.
Con esta nueva sentencia, se intensifica la presión sobre las autoridades para acatar la orden judicial. El incumplimiento podría derivar en consecuencias legales significativas, mientras el debate sobre la reforma continúa en el centro de la agenda política nacional.
