Entró en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
La norma ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos civiles.
La ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1,000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos.
Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
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Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5,000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10,000 dólares si es menor de edad.
“Si te traes a tu tía a Disney World, a Miami, o a Universal Studios te pueden acusar de un delito por traer a una persona indocumentada a Florida“, declaró el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Domingo García.
La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.
La ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.
Uno de los puntos que más temor ha causado entre los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.
Igualmente prohíbe a los ciudadanos chinos comprar terrenos en ninguna parte del estado porque Ron DeSantis “no quiere” al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida.
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Con información de Aristegui Noticias
