Las diputadas Cinthya Millán Estrella, Candy Ayuso Achach y Maritza Basurto Basurto, presentaron un paquete de reformas para la implementación de una “Ley 3 de 3 contra la violencia de la mujer” mucho más amplia y efectiva.
“En primer lugar, fuimos más allá al limitar el acceso a todos los cargos públicos, y no sólo a los de elección popular, para las personas que hayan cometido violencia vicaria, de género, sexual o sean deudores alimenticios, pues hasta ahora se han limitado a restringirlo a los cargos de elección popular, magistraturas o titulares de los principales organismos públicos”, declaró la diputada del PAN.
Para la representante legislativa del PRI, Candy Ayuso Achach, es muy importante impulsar esta iniciativa porque “el derecho de dar y el derecho de recibir alimentos es de interés público y debemos garantizar que ya no se fomente la morosidad en este tema”.
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La legisladora priísta señaló que esta iniciativa se busca moralizar el servicio público en Quintana Roo, ya que “un deudor, violentador y acosador difícilmente será un buen servidor público”, expresó.
Pero las tres diputadas han puntualizado que para lograr esto se están incluyendo algunas modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como al Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
De esta manera ningún funcionario podrá ejercer si tiene sentencia por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, lo cual hasta ahora no ha sido propuesto, señaló por su parte la diputada Maritza Bazurto, del partido Movimiento Ciudadano.
