En Bacalar, después de que la Fiscalía General del Estado, a través de la Representación Social, presentara los datos de prueba necesarios, se logró obtener de un Juez de Control la vinculación a proceso en contra de Samuel “N” y Jacob “N”. Estos individuos están siendo procesados por hechos que podrían constituir el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de dos víctimas cuya identidad ha sido reservada.
Los primeros actos de investigación revelaron que el 22 de junio de este año, las víctimas se encontraban en un establecimiento ubicado en el poblado de Melchor Ocampo en el municipio de Bacalar. En el mismo lugar estaban presentes los imputados, quienes comenzaron una discusión con las víctimas. Esta confrontación escaló hasta el punto en que Jacob “N” intentó agredir a una de las víctimas con una motosierra. Ante esta situación, el dueño del establecimiento intervino, pidiendo a los involucrados que se calmaran y se retiraran del lugar.
No obstante, más tarde ese mismo día, los agresores regresaron al establecimiento, esta vez armados con armas de fuego, las cuales presuntamente utilizaron contra las víctimas, causándoles heridas en sus cuerpos. Después del ataque, los agresores huyeron en un vehículo.
La Representación Social procedió a iniciar e integrar una carpeta de investigación, en la cual se recopilaron los elementos necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Samuel “N” y Jacob “N”. Tras su captura por parte de la Policía de Investigación, ambos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social en Chetumal (por su cercanía con Bacalar) donde quedaron a disposición del Juez de Control que había emitido la orden.
Durante la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía Especializada presentó ante el órgano jurisdiccional los datos de prueba recopilados. Tras evaluar estos datos, el juez decidió vincular a proceso a los imputados por los hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de las dos víctimas. Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual tendrá una duración de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.